El golpe militar del 24 de marzo de 1976

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón (más conocida como "Isabelita") fue derrocada por una Junta de Comandantes de las tres Fuerzas Armadas compuesta por Jorge Rafael Videla (Ejército), Eduardo Emilio Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). Era el quinto Golpe Militar que sufría la Argentina desde el realizado por José Félix Uriburu en 1930. Esa noche, Isabel abandonó la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial y fue llevada detenida hasta la residencia "El Messidor" en la provincia de Neuquén.
Allí empezó el denominado "Proceso de Reorganización Nacional". Se interrumpieron las libertades públicas, fueron disueltos el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los partidos políticos, quedó sin efecto la Constitución Nacional, se dispuso el estado de sitio, se intervinieron los medios de comunicación y se reglamentó la pena de muerte. Quedaba legalizado el sistema represivo y constituido el terrorismo de Estado. Las fuerzas del mal quedaban al mando del país.

Antecedentes
Al morir Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974, la sucesión presidencial quedó en manos de su esposa, en su carácter de vicepresidenta electa.
En 1973 Perón comenzaba su segunda presidencia después de haber permanecido en el exilio desde su derrocamiento en manos de militares opositores apoyados por sectores de la Iglesia Católica, el partido Radical, las oligarquías nacionales y los Estados Unidos, en septiembre de 1955.
Durante el desafortunado gobierno de "Isabelita" que comienza con la muerte de Perón, el país fue presa de la violencia de la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), organización parapolicial de extrema derecha comandada por el ministro de Bienestar Social y agente de la CIA, José López Rega. La "Triple A" fue responsable de los asesinatos y las desapariciones de cerca de mil dirigentes y militantes de la izquierda del peronismo, la organización Montoneros, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y la CGT (Confederación General del Trabajo), entre otros.
En el transcurso de 1975, Isabel Perón solicitó licencia varias veces por razones de salud, siendo reemplazada por el Dr. Italo Argentino Luder, Presidente del Senado, quien firmó en el mes de octubre el decreto que permitía que las Fuerzas Armadas iniciaran el combate contra la subversión con el "Operativo Independencia" en los montes de Tucumán, donde se desató una represión indiscriminada contra las fuerzas guerrilleras del ERP. Los términos en los que estaba redactado el decreto, en el que se pedía "aniquilar la subversión" fueron utilizados más tarde como justificación de las atrocidades cometidas durante la Dictadura Militar. Meses después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone afirmaba que: "La lucha se planteó hasta el aniquilamiento del enemigo. Y el aniquilamiento se logra por la persecución hasta que el enemigo no exista".



Aquel oscuro 24
La noche del 24 de marzo, los militares tomaron los canales y las radios estatales. Hubo comunicados toda la noche. El Comunicado N 1 decía: "Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones".
A las 10.30 de la mañana se transmitió la asunción de la Junta Militar. El General Videla se dirigió a la sociedad argentina aquel 24 de marzo afirmando que: "A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país ()".
Después, a las 13.30 hs. se transmitió en cadena nacional un partido de fútbol. Y eso no fue casualidad, sino parte de la gigantesca operatoria de toma del poder. El partido fue un triunfo de dos a uno del seleccionado argentino conducido por César Luis Menotti frente a Polonia, en una ciudad llamada Katowice. Mientras tanto las fuerzas policiales y militares estaban ocupadas en los operativos de "lucha antisubversiva" (consistida en desparecer, torturar y matar) que ya tenían en la mira a miles de personas que pensaran o enseñaran a pensar, obreros, sindicalistas, políticos, periodistas, profesores, estudiantes, psicólogos, sociólogos, filósofos, idealistas, intelectuales, artistas y todo aquel posible sospechoso, familiar, amigo, conocido o vecino de sospechoso, o cualquier otro ciudadano que se les cruzara en su camino y consideraran propicio incluir en la lista negra.



La toma del Poder
El Golpe era cantado, muchos ya sabían lo que venía. Un día antes el diario Clarín titulaba en su tapa: "Inminencia de cambios en el país". Además de cantado, el Golpe era esperado por muchos sectores nacionales e internacionales de poder, como las clases dominantes argentinas, las empresas transnacionales, la alta jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos.
El 25 de marzo el diario La Nación anunciaba: "La crisis ha culminado. No hay sorpresa en Ia nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto (). En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación". Por su parte, tres días después del Golpe, el diario La Prensa publicaba un artículo titulado: "Orden, seguridad, confianza" que comenzaba diciendo: "En dos horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973. Lo hicieron para salvar -como dice la proclama dada a conocer en la madrugada del día 24 -'un tremendo vacío de poder'".
Sin embargo, para "salvar ese vacío de poder" el gobierno militar optó por abusar del poder. En documentos secretos enviados por el entonces embajador de los Estados Unidos en Argentina, Robert Hill, al Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, el embajador anticipaba: "cuando intensifique su lucha contra la guerrilla es casi seguro que el gobierno militar en la Argentina comenterá violaciones a los derechos humanos que generen críticas internacionales".
Acorde con esto y como parte de un plan macabro, el General Jorge Rafael Videla, nombrado Presidente de facto por la Junta Militar, dijo en su discurso pronunciado el día 30 de marzo del '76: "...Es seguramente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad; no para conculcar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla. Sólo el Estado (...) habrá de monopolizar el uso de la fuerza (...). Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social; con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento".
A partir del 24 de marzo de 1976, la Doctrina de la Seguridad Nacional pasó a ser el marco y el soporte ideológico del desarrollo concreto del plan represivo. Desde ese momento, se institucionalizó todo un aparato clandestino para llevar adelante la tarea de la represión, o "guerra sucia", o "comisión de delitos aberrantes", y el secuestro y la desaparición forzada de personas se convirtieron en el método de detención por excelencia.
Al mismo tiempo, se implementó un plan económico basado en el liberalismo monetario. Se puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos y se dejó actuar al mercado libremente. Los resultados fueron la famosa "bicicleta financiera", un gran endeudamiento externo, las industrias quebradas y sobre el fin de la Dictadura una altísima inflación. El encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Modelo económico neoliberal y Estado terrorista fueron partes inseparables del nuevo régimen dictatorial que subió al poder. Ese fue el inicio de la aplicación de un modelo neoliberal que continuaría reforzándose con los gobiernos democráticos que se sucederían desde 1983 hasta el momento y que hoy pueden verse reflejados en la agudísima crisis política, social y económica que atraviesa la Argentina.



El método
Para cumplir con sus objetivos siniestros de eliminar a todo aquel que pensara, el gobierno de facto dividió al país en cinco grandes zonas denominadas "Comandos de Zona" que se correspondían cada una con un Cuerpo de Ejército. A su vez, estos Comandos de Zona fueron divididos en zonas y áreas. Dentro de esta estructura represiva funcionaron los más de trescientos Centros Clandestinos de Detención o Campos de Concentración y desarrollaron sus tareas alrededor de dos mil agentes pertenecientes a las tres armas de las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a la Policía, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario.
Se estableció secretamente un modo criminal de lucha contra la subversión. Los sospechosos eran secuestrados en sus casas, su lugar de trabajo o simplemente en la calle por una patota de oficiales que encapuchaban al detenido, lo metían en un auto (generalmente Ford Falcon verde, automóvil utilizado por la policía de civil) y lo llevaban a uno de los Centros Clandestinos de Detención. Ya en cautiverio las personas eran interrogadas bajo tormentos y torturas de todo tipo, y sometidas a regímenes inhumanos de vida, mientras se las mantenía clandestinamente detenidas. Luego, se las mataba haciendo desaparecer el cadáver (arrojándolo al río o en tumbas "NN") o bien simulando enfrentamientos armados como medio para justificar dichas muertes.
Los métodos no eran improvisados sino que conformaban toda una estructura operativa. Por esos años existía una estrecha relación entre las dictaduras militares de América Latina debido al llamado Operativo o Plan Cóndor. Este plan sistemático de exterminio era coordinado por las dictaduras de seis países: Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, y más tarde se incorporaría también Ecuador. Uno de los documentos clave de los llamados "Archivos del Terror" (hallados en 1992 en Paraguay) pertenece a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y lleva como título "Cómo mantener vivos a los torturados".
En la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los mayores Centros Clandestinos de detención y tortura de Buenos Aires -junto con el Campo de Mayo-, por donde pasaron alrededor de cinco mil detenidos y desaparecidos, se entrenó a personal de inteligencia del ejército español entre 1979 y 1983 en los métodos de la "guerra sucia" que después fueron aplicados en España por el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) contra integrantes y simpatizantes del grupo separatista ETA.




Desaparecidos
A fines de abril de 1977 aparece el primer grupo de reacción contra la desaparición forzada de personas. Se trató de un grupo de mujeres que comenzaron a reunirse espontáneamente en su búsqueda de una explicación sobre el destino de sus hijos detenidos y desaparecidos en circunstancias similares y de los cuales se carecía de noticias. Ante la insistencia y el número creciente de madres que se concentraban para reclamar frente a la Casa de Gobierno, la policía les prohibió permanecer reunidas obligándolas a fuerza de golpes a que "circulen". Entonces, las mujeres comenzaron a marchar alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Se dieron en llamar así, las "Madres de Plaza de Mayo" y constituyeron un elemento clave en la toma de conciencia de lo que estaba sucediendo en el país. Para identificarse entre ellas decidieron usar un pañuelo blanco, y luego de convocarse en diferentes días, optaron por los jueves como días fijos para sus reuniones. Poco a poco fueron creciendo en número y a pesar de la constante represión que sufrían en sus reclamos, su lucha se hizo cada vez más fuerte. Tanto fue así que un joven miembro de la Armada, el teniente Alfredo Astiz, se infiltró entre ellas bajo el nombre de Gustavo Niño, haciéndose pasar como familiar de un desaparecido. Gracias a la información obtenida por él, una de las fundadoras de la agrupación, Azucena Villaflor, fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 y nunca más se supo su paradero. Junto con ella desaparecieron otras catorce personas entre las que se encontraban las monjas francesas Alice Dumon y Léonie Duquet.
En el grupo de mujeres que se congregaban en la Plaza de Mayo había madres que además de buscar a sus hijos e hijas, buscaban también a sus nietos. Se hicieron llamar las "Abuelas de Plaza de Mayo". La desaparición de niños y bebés formó parte de una estrategia deliberada para detener la difusión de "ideas subversivas" en las futuras generaciones. El general Ramón Camps, jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, explicó esta siniestra estrategia en una entrevista realizada en 1983: "Personalmente yo nunca maté a un niño; lo que hice fue entregar algunos a organizaciones de caridad para que pudieran ser dados a nuevos padres. Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión. Esto debe ser detenido". En muchos casos, cuando las detenidas estaban embarazadas, se las conservaba con vida hasta que dieran a luz, luego se les daba el "traslado" (término que significaba la pronta muerte) y se entregaba el recién nacido en adopción, a veces a familias de los propios militares, y otras a parejas que desconocían la procedencia del niño. Fueron denunciados más de 200 casos de bebés desaparecidos, y gracias a que las "Abuelas de Plaza de Mayo" han continuado su búsqueda incesante, se ha logrado dar con el paradero de muchos de aquellos niños.



Derechos y humanos
En el mundo comenzaba a hablarse de la existencia de campos de concentración en la Argentina y de la violación sistemática a los derechos humanos que se sufría por entonces en la nación. La revista "Gente" de Editorial Atlántida, tomando parte en el encubrimiento y la mentira incitaba a sus lectores a escribir cartas contando "la verdadera situación del país" y suministraba direcciones de "activistas" contra la Argentina, entre los cuales se contaban Amnesty International, la OEA, la Comisión Internacional por los Derechos Humanos, entre otros.
En junio de 1978 con ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol se esperaba la presencia de 60.000 turistas extranjeros atraídos por el evento pero al iniciarse el campeonato sólo habían llegado 7000 y casi todos periodistas. Pese a esto, el Mundial del '78 fue una forma de mantener a los argentinos en la euforia de un nacionalismo ciego de lo que realmente estaba sucediendo.
Para contrarrestar la "campaña antiargentina" en el mundo, el gobierno militar contrató a la empresa norteamericana "Burson & Marsteller" con el fin de mejorar la imagen del país o, mejor dicho la de su propio gobierno. La empresa ideó entonces la recordada frase "Los argentinos somos derechos y humanos" que lució en los parabrisas de transportes públicos y automóviles particulares, y que fue difundida ampliamente por cines y televisión, contando con el consenso (real o forzado) de gran cantidad de figuras del deporte y el espectáculo.
El 6 de septiembre de 1979, mientras el Gobierno de la Junta Militar repartía las obleas que decían "los argentinos somos derechos y humanos", llegaba al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La CIDH expresó su "preocupación por el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades del hombre".
El número total de denuncias que recibió la Comisión durante el tiempo que estuvo en el país fue de 5.580, de las cuales eran nuevas 4.153 y 1.261 comunicaciones se referían a casos ya registrados y que estaban en trámite. El día 20 de septiembre de 1979 (fecha en que concluyó su labor), la CIDH le entregaba al Tte. Gral. Jorge R. Videla un texto que incluía recomendaciones preliminares. El informe hecho por la Comisión sobre la situación de los DD.HH. en el país fue prácticamente desconocido y omitido. A pesar de que en el exterior se comenzó a saber y a repudiar lo acontecido en Argentina, dentro del país la represión y el terrorismo de Estado fue cada vez más feroz.



Últimos años
A comienzos de la década del '80, la situación del Proceso había cambiado. Videla entregaba la Presidencia de facto a Roberto Viola en marzo de 1981 y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz dejaba su cargo el 29 de marzo de ese mismo año, ocupando su lugar Lorenzo Sigaut.
El 31 de Julio de 1978 Viola había reemplazado a Videla como comandante en jefe del Ejército. En septiembre de 1980, la Junta Militar lo designó como sucesor de Jorge Rafael Videla como segundo Presidente del régimen militar. La Armada se opuso y durante 10 días discutió la designación. Finalmente asumió el 24 de Marzo de 1981 y duró hasta el 11 de Diciembre de ese año en que dejó su cargo por supuestas razones de salud.
Roberto Viola fue reemplazado entonces por Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumió el 22 de diciembre de ese mismo año. Galtieri será responsable de uno de los errores políticos que marcará el principio del fin de los años nefastos del Proceso: la Guerra de Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, efectivos del regimiento 25 de la Infantería argentina desembarcaron en las Islas, en Port Stanley, ocuparon la casa del gobernador y obtuvieron su rendición. El hecho fue comunicado a la opinión pública como la recuperación de las Islas Malvinas en poder de los ingleses desde 1833.
Los medios de comunicación mentían y el pueblo ingenuo festejaba. Con la noticia de la guerra hubo argentinos que agitaron sus banderas en la Plaza de Mayo a la vez que Galtieri saludaba desde los balcones de la Casa de Gobierno. La manifestación obrera que tres días antes (el 30 de marzo) había sido brutalmente reprimida en Plaza de Mayo con detenciones y heridos, pasaba a quedar rápidamente en el olvido tapada por la misma euforia ciega que se había apoderado de los argentinos durante el Mundial.
La tapa de la revista "Gente" del 6 de mayo anunciaba "Estamos ganando". Pero la mentira tuvo patas cortas. Una vez producido el desembarco de las tropas británicas en las proximidades de Port Stanley -rebautizado Puerto Argentino- se hizo evidente que la guerra estaba perdida. El Papa Juan Pablo II visitó la Argentina el 11 y 12 de junio, luego de una gira por Gran Bretaña. Dos días después, el 14 de junio de 1982 se produjo la derrota final, dejando un alto saldo de jóvenes argentinos muertos y heridos.
Galtieri renunció el 17 de junio, sin realizar ningún tipo de autocrítica y fue reemplazado por Reynaldo Bignone. A partir de ese momento fue claro que los años más oscuros de la Argentina hasta el momento estaban llegando a su fin. La labor del cuarto y último Presidente de facto sería la de dejar el mando a un gobierno democrático y constitucional. Cuando Bignone se hizo cargo del poder el 1 de julio, declaró en un mensaje por radio y televisión que llegaba "con una misión clara y concreta: institucionalizar el país, a más tardar en marzo de 1984". Sin embargo, octubre de 1983 fue la fecha para las elecciones.



Informe Final
El 28 de abril de 1983 las Fuerzas Armadas daban a conocer lo que ellas suponían sería el Informe Final sobre el tema de los secuestrados desaparecidos durante el régimen militar.
La versión oficial sobre el Terrorismo de Estado significaba un compendio de falsedades y se trataba de un verdadero agravio para todo el país. Sostenía que los crímenes más siniestros debían quedar sin sanción y que además, los hechos protagonizados por las Fuerzas Amadas debían ser considerados como "actos de servicio".
El informe concluía: "...En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quiénes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran MUERTOS, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas (...)".
El documento fue rechazado de manera unánime tanto en el país como en el exterior. Luego, en septiembre de 1983, sancionaron la ley conocida como de "autoamnistía" que produjo la misma reacción de indignación en la gente.
No podía haber dignidad en el retiro de un gobierno que había violado sistemáticamente las dignidades y los derechos humanos, secuestrando, torturando y desapareciendo a los ciudadanos argentinos, dejando un saldo de 30.000 personas muertas y desaparecidas, un millón de exiliados y profundas e imborrables heridas en las sucesivas generaciones.
En diciembre de 1983 llegó la Democracia y la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que reunió casi 9.000 testimonios de casos. También vinieron los Juicios a las Juntas pero enseguida se sancionaron las "Leyes de Impunidad" que evitaron que muchos militares responsables de crímenes y delitos pudiesen ser juzgados. Años después, en 1990, con el Indulto, todos los asesinos quedaron libres. Hoy, han sido juzgados y encarcelados nuevamente algunos de ellos por robo de bebés o apropiación ilegítima de bienes pero la gran mayoría permanece en libertad.
La Justicia tiene una enorme deuda que pagar al pueblo argentino.

Florencia Copley

Fuente: Ezfazil.com/kaos, 8 de junio de 2004.