Que la derecha exacerbada reivindique el orden de los cementerios, postule la represión de la protesta social y promueva su criminalización a través de una intensa campaña mediática es coherente con sus prácticas históricas. Pero que un referente del liberal-constitucionalismo como el ex presidente Raúl Alfonsín declare a la corresponsal de La Nación en Madrid que "el país se enfrenta a la violencia del palo", y proponga que "el Gobierno debe actuar para establecer la defensa de la sociedad a través de la acción policial", evidencia el espacio que está ganando en cada vez más segmentos de la sociedad el discurso autoritario, particularmente el que nace del terror a la movilización popular. Es cierto que el líder radical buscó morigerar la aspereza de sus palabras con la aclaración de que no recomendaba acciones "avasalladoras" sino "buenas redadas que permitan reconocer a quién está infringiendo la ley para que le caiga la pena que le corresponde". Su otrora correligionaria Elisa Carrió expresó una visión similar en el programa televisivo La Cornisa, al admitir la validez de los reclamos de las organizaciones de desocupados y clamar simultáneamente por una "represión pacífica", preventiva y mansa, que no terminó de definir.

Tal vez esta concepción esté vinculada con la petición que los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers le formularon al juez federal Jorge Urso, en el marco de una causa iniciada por el abogado Adolfo Casabal Elía, quien acusó al Poder Ejecutivo y a los magistrados de actuar con negligencia frente a la escalada piquetera. Ambos funcionarios públicos solicitaron a las autoridades policiales que informen acerca de "cuáles son las órdenes generales adoptadas en los últimos meses para prevenir y controlar el orden público" y a la Justicia, que reúna "toda la legislación vigente que obligue a los funcionarios del Ejecutivo a tomar medidas preventivas". Como si les estuviera respondiendo, el filósofo León Rozitchner había escrito un poco antes: "Quieren una acción sin presencia, una existencia sin huella; una protesta que no exista como protesta. Quieren que los despojados y condenados a la lenta pena capital del hambre, la enfermedad y la muerte jueguen al oficio mudo: sin hablar y sin reír, como juegan los niños. Que no ejerzan una presencia que disturbe ese sueño sin pesadillas de los justos".

La rama sindical
A la satanización de los movimientos de desocupados, dirigida a aislarlos y a evitar su crecimiento mediante el miedo, se agrega la acción tendiente a desalentar toda forma organizativa independiente. De ahí la atención con que el oficialismo observa el proceso reunificador de la agonizante Confederación General del Trabajo y vea con buenos ojos a Hugo Moyano, quien con una módica inversión de combatividad y de la mano de José Luis Barrionuevo, se ha propuesto convertirse en el hombre fuerte de una central obrera que alguna vez fue factor de poder en la Argentina. El kirchnerismo se ilusiona con revitalizar el organismo para encauzar las rebeldías y ganarle la calle a los piqueteros, aun cuando los denominados "gordos" –que desde hace años ingresaron en un proceso de hibernación– pretenden una porción importante del pastel y no están dispuestos a regalarle al camionero y a su controvertido socio una sigla que históricamente les ha servido tanto para un barrido como para un fregado.

En tanto, miles de trabajadores, apremiados por el miedo a perder sus puestos de trabajo y flexibilizados por las leyes que votaron los propios legisladores gremiales durante la década menemista, abandonaron su actividad como delegados o activistas o simplemente se desafiliaron de sus sindicatos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en Ginebra en noviembre de 1997, señala que el nivel de sindicalización de los trabajadores argentinos ha disminuido un 42, 6 por ciento en una década, caída sólo superada en América por Costa Rica. Un trabajo posterior de Héctor Palomino y Cecilia Senén González revela que el porcentaje de afiliación –según una estimación propia basada en datos del Indec– pasó del 83 por ciento en 1975 al 44 por ciento en 1998.

Claro que no sólo la irrepresentatividad de la dirigencia sindical explica estas cifras.

También incide fuertemente en el fenómeno el drástico incremento del trabajo en negro.

Una reciente investigación de la consultora Equis, que también se apoya en cifras aportadas por el Indec, establece que en la Argentina hay 4.600.000 trabajadores informales. De ellos, la mitad cobra un promedio de 145,51 pesos mensuales, 44,49 menos que un beneficiario del plan Jefas y Jefes, y el de la totalidad de quienes se encuentran en esta situación laboral es de 343 pesos por mes, con lo cual no alcanzan a superar la barrera de 348 pesos, que marca la línea de pobreza.

Los memoriosos consignan que quienes hoy dirigen los principales gremios –a excepción de los que integran la Central de Trabajadores Argentinos, fundamentalmente estatales– contribuyeron expandir la informalidad laboral. Armando Cavalieri, por ejemplo, conduce desde hace décadas a los empleados de comercio y fue un entusiasta fogonero del menemismo. Cabe destacar que fue retribuido con la adjudicación de la explotación por diez años de un predio en Parque Norte por 43 pesos anuales el metro cuadrado y allí, en alianza con otros empresarios vinculados con la Iglesia, hizo construir el parque temático Tierra Santa. Se estima que 16 de cada 100 desocupados pertenecían a su sector y que el 40 por ciento de quienes laboran actualmente lo hacen en negro. José Pedraza, por su parte, fue el principal impulsor de las privatizaciones ferroviarias que expulsaron de sus empleos a decenas de miles de trabajadores. Como contrapartida, en setiembre de 1999 adquirió en nombre de la Unión Ferroviaria la línea Belgrano Cargas, alentado por la promesa oficial de que recibiría durante cinco años unos 250 millones de dólares en subsidios. Pero el fin del menemismo terminó con sus expectativas. La cuestionada administración de la empresa y el incumplimiento de las inversiones previstas determinaron su derrumbe y la reciente relicitación del 79 por ciento de las acciones. Oscar Lescano, de Luz y Fuerza, donde también se produjeron miles de despidos a principios de los 90, fue el precursor del sindicalismo empresario. Adquirió rentables empresas asociado con la propia patronal, entre ellas parte de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, donde acaban de morir 14 trabajadores por falta de seguridad.

La lista sería interminable, pero en todos los casos tiene que ver con un modelo de sindicalismo que no solo se ha dado en la Argentina y cuyos líderes, según el investigador Robert Michels, desarrollan una identidad de grupo y tienen intereses distintos –y a veces en conflicto– con los de la masa de afiliados, entre otras cosas por su nuevo status social y los importantes beneficios políticos y económicos de los que generalmente gozan, y que los alejan de las experiencias frustrantes de la vida en la fábrica, lo que contribuye a disminuir su sentimiento de antagonismo de clase. Además, la participación en negociaciones, que los confrontan a los problemas y limitaciones técnicas de la industria, modifica sus perspectivas respecto de las demandas obreras. Desde una perspectiva más cercana, Amado Olmos, inspirador de la CGT de los Argentinos a fines de la década del 60, fundamentó las diferencias entre el sindicalismo burocratizado y las nuevas fuerzas que pugnaban por surgir en la base: "El trabajador quiere un sindicalismo integral que se proyecta hacia el control del poder. Lo otro es el sindicalismo amarillo que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones".

Fuente: Acciondigital.com.ar, 15 de julio de 2004.