Las menciones y alusiones a los paraísos fiscales, sin adjetivaciones por cierto, menudean estos últimos tiempos en la prensa española. ¿Tendrá que ver con la mayor liberalización e integración de la economía española en la economía global?. Difícil negarlo cuando, por ejemplo, y según su memoria de 2002, el BBVA ha obtenido un beneficio de 221,8 millones de euros, con 36 sociedades radicadas en paraísos fiscales (Islas Caimán, Gibraltar, Andorra, etc.). Mientras, con escaso debate y nula trascendencia pública, el proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales pretende elevar las sanciones económicas y regular aspectos como las emisiones de bancos y cajas de ahorro destinados a sustraer algunas actividades propias de tales plazas financieras privilegiadas. Y nos cuentan también que los hedge funds o fondos de inversión de alto riesgo, radicados en los denominados asépticamente centros financieros extraterritoriales (offshore), se han hecho con paquetes de acciones en casos como la fusión de ACS y Dragados y Construcciones (1).

Y es que los auténticos actores de la economía española están perfectamente incorporados al sistema financiero globalizado, que integra a los numerosos paraísos fiscales que desde los años ochenta han florecido al amparo de la desregulación y liberalización de los flujos financieros internacionales, de la globalización liberal en suma. Porque los paraísos fiscales son algo más que islas exóticas, antiguos refugios de piratas, enclaves históricos arcaicos o minúsculos países que incentivan la domiciliación de corporaciones transnacionales y los servicios financieros para no residentes. La realidad es que los paraísos bancarios y fiscales son creaciones ficticias de los países más desarrollados (2), asentadas sobre todo en figuras jurídicas sofisticadas y en complejas estructuras de gestión, tales como sociedades fiduciarias y testaferros, secreto bancario, exenciones fiscales y laxitud legislativa. Y sobre todo, estos enclaves financieros privilegiados se benefician directamente del amparo político de respetables Estados de Derecho, como los EEUU, Francia, Reino Unido y España, que ante todo les aseguran la estabilidad política que necesitan, máxima garantía para la estabilidad financiera local, cuando no son por sí mismo paradigmas de democracia como Luxemburgo o Suiza.

Si pensamos que actualmente las transacciones financieras se materializan en meros apuntes contables electrónicamente registrados, comprenderemos la importancia que el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, junto con la supresión de las trabas legales y los controles de cambio, ha tenido y tiene en la extensión de la actividad y de la relevancia financiera adquirida por los paraísos fiscales. De hecho, el amparo que algunos países prestan a los paraísos fiscales geográficamente más próximos reviste a menudo formas aparentemente inocuas. Por ejemplo facilitando las telecomunicaciones locales: en Enero 2003 el actual Gobierno español concedió a Gibraltar 100.000 números de teléfonos fijos para sus 27.714 habitantes, con un nuevo prefijo dentro de la red de la provincia de Cádiz, que hasta ese momento disponía de los 30,000 números que en 1986 había concedido otro Gobierno; aparentemente se cumplía así uno de los acuerdos alcanzados, en el marco de las negociaciones hispano-británicas sobre la soberanía de la Roca: "promover una mayor cooperación en materia de telecomunicaciones" (3).

Aunque los efectos perniciosos de los paraísos fiscales son cada vez más notorios sobre el sistema financiero mundial y sobre los Estados, los avances en el seguimiento y control internacional de estos lugares financieros privilegiados sigan siendo escasos, entre otras cosas porque pugnan contra la doctrina imperante aún del fundamentalismo del libre mercado. El hecho es que las crisis financieras en Latinoamérica y Asia en los noventa, llevaron al FMI a iniciar un programa de simple información y evaluación de 42 jurisdicciones o centros financieros extraterritoriales (offshore) (4) cuyas actividades irregulares representan serios riesgos para el mismo sistema financiero global. Algo antes, en 1987, la OCDE había comenzado a interesarse por la cuestión, al iniciar un análisis de " las prácticas fiscales perjudiciales" generadas por la competencia entre sistemas fiscales estatales, paro tardó once años hasta fijar en 1998 unos criterios que identificasen los casos extremos, esto es, los denominados paraísos fiscales; una identificación que no ha tenido mayores consecuencias hasta la fecha (5), entre otras cosas, por la presión contraria ejercida por la Administración Bush (6).

La amplitud del fenómeno del blanqueo de capitales de origen ilícito (droga, corrupción política, economía criminal, etc.) ha suscitado quizás un consenso más generalizado para la actuación conjunta. Así, los Gobiernos del G-7 reunidos en París en 1989 promovieron la creación del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI; en siglas inglesas FATF) como organismo intergubernamental que agrupa a 29 países miembros (España incluida) más la Comisión Europea; la labor desarrollada por el GAFI tampoco ha pasado de ser un mero reparto de calificaciones escolares de mala conducta para algunas islas o enclaves financieros, mediante la publicación de una lista de "países o territorios no cooperativos" (7). Por supuesto que los organismos financieros internacionales no se plantean la contribución perniciosa de los paraísos fiscales al avance de la pobreza en los países del Sur, al facilitar la corrupción de sus elites y de sus débiles administraciones públicas; y tampoco muestran gran interés por investigar la financiación de las sublevaciones armadas en el Africa subsahariana, en particular.

Más aún, un problema cuyo análisis se elude es la incidencia de los paraísos fiscales sobre las políticas fiscales de los Estados, al incentivar la evasión y el fraude fiscal que algunos Gobiernos europeos pretenden paliar con amnistías fiscales periódicas destinadas a recuperar el capital huido (8); y sobre todo ignorando el ataque que significan para la misma democracia de los Estados y la justicia fiscal.

Ante tanta pasividad y complicidad institucional, la sociedad civil está comenzando a organizarse para tratar de canalizar la presión social contra esta lacerante y cínica situación. Así, en fecha reciente se ha producido un elemento nuevo en esta reacción ciudadana al que hay que dar la bienvenida: se trata de la constitución de un grupo internacional de trabajo que durante dos días desarrolló un seminario en el III FSM de Porto Alegre bajo el título "Lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal", continuando otros debates ya iniciados en el Foro Social de Florencia. El proceso ha culminando con la reciente presentación pública de INTERTAX, la primera red global de lucha contra los paraísos fiscales. En esta red participan, además de ATTAC de varios países, otros movimientos sociales y ONGs suizas y del Reino Unido (11).

Tras varios meses de debates, INTERTAX ha conseguido dar forma a una Declaración Global por una Justicia Fiscal, la cual ha sido presentada públicamente en un acto realizado en el Parlamento de Londres a finales de marzo. En esa Declaración se denuncia explícitamente que "alrededor de la mitad del comercio mundial pasa por las jurisdicciones de los paraísos fiscales, ya que las grandes empresas desvían sus beneficios hacia donde pueden evadir el pago de impuestos. (...). Tal comportamiento es económicamente ineficiente, socialmente destructivo y profundamente no ético. (...) El desarrollo de los países más empobrecidos se ve amenazado por las enormes rebajas fiscales ofrecidas para atraer a las grandes corporaciones, y por el enorme flujo de fondos desde los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales".

La Declaración también identifica un conjunto de medidas a considerar con urgencia para mejorar la cooperación fiscal internacional. Entre ellas se incluyen: la imposición fiscal de las corporaciones transnacionales sobre base unitaria, posibilitando a las autoridades fiscales la corrección de la fraudulenta desviación de ganancias hacia las jurisdicciones de baja tributación; la aplicación universal del principio de residencia para la fiscalidad empresarial; una cooperación más estrecha entre los Estados en niveles comparables de desarrollo económico y entre los Estados geográficamente próximos entre sí, para suprimir el fraude fiscal y la competencia fiscal destructiva entre ellos; una armonización de los tipos impositivos y de las bases imponibles para el capital altamente móvil, y como tal controlado por las grandes corporaciones y los individuos acaudalados; y también medidas encaminadas al establecimiento de autoridades fiscales de carácter regional y global que representen los intereses de los ciudadanos.

Confinar a los paraísos fiscales en espacios económicos marginales dentro de la actividad financiera internacional podría parecer una labor titánica, pero en realidad se trata sólo de una cuestión de voluntad política, la cual vendrá condicionada por la importancia de la presión social que la sociedad civil sea capaz de generar. La reciente creación de una red como INTERTAX, y su declarada labor de presión sobre los parlamentarios de todo el planeta, puede constituir un importante instrumento de acción política para ir haciendo realidad la frase de que OTRO MUNDO ES POSIBLE.

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(1)El Pais, Madrid 17 y 24/02/03.
(2)Véase "La zona impenetrable del mundo financiero" en la página 34 del Atlas de Le Mode diplomatique edición española 2003.
(3) El Pais, Madrid 31 /12/02
(4) Offshore Financial Centers.The Role of the IMF, june 23, 2002: documento que define los centros financieros extraterritoriales como "centros donde el grueso de las transacciones del sector financiero en ambos lados del balance de cuentas, se efectúa con individuos o compañías que no son residentes de los centros, donde las transacciones se inician en otro lugar y donde la mayoría de las instituciones implicadas están controladas por no residentes" (trad.). Desde su óptica monetarista, el FMI utiliza el término "centro financiero extraterritorial" en lugar de tax haven, traducción de paraíso fiscal
(5) www.oecd.org.
(6) Cinco días, Madrid 4/07/01. La Administración Bush tiene cierta simpatia con la idea de la competición fiscal internacional y adopta un enfoque de "laissez faire" frente a la baja fiscalidad de los paraísos fiscales ( The Economist, March 1st, 2002).
(7) www.fatf.gafi.org.
(8) En el Parlamento español, vía acuerdo de enmienda a la Ley de blanqueo de capitales que actualmente está en trámite, se ha pactado entre los grupos mayoritarios una amnistía para las emisiones de participaciones preferentes realizadas por los Bancos y Cajas de Ahorro desde los paraísos fiscales, destinada a paralizar las actuaciones de Hacienda sobre cerca de 14.000 euros (El País, Madrid. 26/03/03 )
(9) Las organizaciones integradas en la red INTERTAX (info@taxjustice.net) hasta la fecha son las siguientes: Attac de Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Italia y Suecia, la Association for Accounting & Business Affairs (Reino Unido), el Colectivo de la Declaración de Berna (Suiza), el Colectivo suizo de Organizaciones de Desarrollo y el Colectivo War on Want (Reino Unido).

Fuente: monde-diplomatique.es, junio de 2003.