El posmodernismo determinó que las plazas y las calles dejaran de ser lugares simbólicos, receptáculos naturales de los reclamos y adhesiones políticas de la ciudadanía. Los estudios de televisión ocuparon ese lugar y, con la inestimable colaboración de una variopinta galería de asesores de imagen, maquilladores, vestuaristas y comunicadores sociales, los candidatos partidarios comenzaron a esforzarse por adaptar su discurso al nuevo lenguaje, a preocuparse más por el color de la camisa que por la hondura de una idea y por mirar a cámara con impostada convicción, en pos de atraer la simpatía mayoritaria. Pero las organizaciones sociales y los movimientos populares, imposibilitados de acceder a los medios masivos, continuaron utilizando los espacios públicos para expresar su rechazo al orden existente.
Así, los sucesos del 19 y 20 de diciembre marcaron el punto más alto de la movilización y contribuyeron a generar las condiciones para romper en mil pedazos el discurso único del neoliberalismo.
Continuidad de esas jornadas, la masiva marcha que el 24 de marzo último ratificó la vigencia de la lucha contra la represión y el repudio a la última dictadura militar, encendió una luz de alarma en la derecha troglodita, que ya durante el menemato había opuesto, a la plaza del No de las víctimas de la aplanadora privatizadora y excluyente, la del Sí, organizada por Bernardo Neustadt desde su programa "Tiempo Nuevo".
Como entonces, como siempre, los Hadad y los Grondona se dieron a la tarea de hallar una causa capaz de convocar multitudes a fin de disputarles a los militantes sociales las calles que hasta hace pocos días sacralizaban, considerándolas sólo aptas para la circulación vehicular y jamás para ser usadas por turbas demandantes de justicia. El dolor de un padre ante el brutal asesinato de su hijo les permitió montar una gigantesca operación mediática. Los cuatro canales privados rivalizaron durante tres días en lo que hace al espacio concedido a la convocatoria formulada por Juan Carlos Blumberg e incluso llegaron a realizar transmisiones en cadena del acto, algo que suele ponerles los pelos de punta a los propietarios de las empresas comunicacionales si quien las impone es el gobierno de turno.
La sinceridad que trasuntaba el conmovido rostro del padre de Axel, la indignación de un amplio segmento social que siente hallarse ante un virtual estado de indefensión, pero también la prédica insistente de los voceros del establishment y la prensa carroñera que sobrevive gracias al tráfico de cadáveres, lograron que unas 150 mil personas se concentraran en las inmediaciones del Congreso para exigir mayor seguridad. La composición de la multitud era diversa. Los familiares de las víctimas de la represión policial convivían forzadamente con las huestes de la diputada riquista Mirta Pérez, madre de un chico asesinado por delincuentes, y decidida partidaria de la pena de muerte.

Indignados
Estudiantes, sensibilizadas amas de casa, sufridos empleados bancarios, habitantes de barrios de alto poder adquisitivo que temen ser el próximo objetivo de las bandas e impulsores de los "escuadrones de la muerte", abandonaron sus casas para sumarse –muchos, por primera vez– a la expresión colectiva de la indignación general. Si se le hubiese preguntado a cada uno de ellos por qué estaban allí, las respuestas hubieran sido múltiples. Pero el petitorio que Blumberg esgrimía aunaba sutilmente las demandas de carácter general con las claras consignas del "manodurismo". Es posible que no haya sido culpa de Blumberg, que la inexperiencia le jugara una mala pasada, o también que su ideología –preexistente a la tragedia que lo golpeó– se haya asomado sin pedir permiso. Lo cierto es que el estilo del ex ministro de Carlos Ruckauf, Jorge Casanova, impregnaba cada párrafo del documento.
Por lo demás, la repertida monserga del "apartidismo" se desmentía por sí sola. Expresiones como "los derechos humanos son para todos", menciones despectivas hacia sus organizaciones representativas, que pudieron escucharse y verse en las coberturas radiales y televisivas, traslucían el rencor larvado de sectores políticos que no soportan el repudio social al genocidio instrumentado durante la última dictadura y pretenden recuperar el terreno perdido. Grondona, por ejemplo, en su columna del matutino La Nación, lo plantea sin vueltas: "Quizás hay una razón, esta vez ideológica que explica el continuo nombramiento de legos en el área de seguridad: que los que de veras saben de ella son nada menos que policías y militares. ¿Pero no han sido éstas dos profesiones debidamente condenadas por los desvíos y los excesos del pasado? Nombrar a un policía o a un militar al frente de las fuerzas de seguridad sería, entonces, ‘políticamente incorrecto’. Pero, ¿qué es preferible: la incorrección política o que nuevos Axel sigan muriendo? Este es el cruel dilema de nuestra realidad", alega el irredimible profesor. En una nota que ocupa más de una página del mismo matutino, el filósofo Víctor Massuh, embajador argentino ante la Unesco durante la dictadura, se sirve de Federico Nietzsche para advertir que "el ejercicio de la memoria histórica es un obstáculo para el ejercicio de la vida. La vida necesita del olvido para que haya un nuevo comienzo".
En tanto, los legisladores de los partidos mayoritarios, fieles a su condición de levantamanos, asimilaron raudamente las presiones, acallaron las voces opositoras y se dieron a la tarea de aprobar leyes que de nada servirán si no se atacan las causas de la inseguridad: la connivencia entre la policía, las mafias y los punteros políticos, la indigencia que genera desesperación, un sistema carcelario diseñado para especializar delincuentes y utilizarlos en beneficio de las propias autoridades penitenciarias e institutos de menores regidos por la ley Agote de 1919, en los que lejos de resocializar a los internos se los castiga y humilla.
Cría cuervos
Afortunadamente, la vigencia de los tratados incorporados a la Constitución en 1994 impide que, como pedía el petitorio, se baje la edad de imputabilidad de los menores. La solicitud, discriminatoria y aberrante, omite considerar la función tutelar del Estado respecto de ellos –que carecen de derechos cívicos, no pueden comerciar ni casarse sin la aprobación de sus padres–, más aún si sus familias son incapaces de contenerlos, sea por razones económicas o culturales. Burlándose de la igualdad de oportunidades garantizada por la Carta Magna y aceptando que se legitimen la miseria y uno de sus frutos, la desescolarización, los propagandistas del "Estado ausente" han criado cuervos que inevitablemente les comerán los ojos. Por lo pronto, las bondades del sistema actual se traducen en las estadísticas: el 70 por ciento de los presos ha pasado antes por un instituto de menores.
Curiosamente, habida cuenta de que en todos los casos más resonantes hubo "zonas liberadas" para los secuestradores o manifiesta complicidad de los uniformados con las bandas, el petitorio Blumberg alude con timidez a la necesidad de terminar con la corruptela policial, que los expertos consideran como el eje central de la cuestión. Según informaciones periodísticas, el ministerio de Justicia de la Nación recolectó en pocos meses más de 500 denuncias por arbitrariedad, irregularidades en las investigaciones, apremios ilegales, persecución y abuso de autoridad.
Claro que terminar con la "maldita policía" es un trabajo ímprobo que requiere voluntad política y una enorme acumulación de fuerzas. No basta con designar a especialistas convencidos de la necesidad de "limpiar" las fuerzas de seguridad, porque de lo que se trata es de ir hasta el hueso, de reformularlas y colocarlas bajo el control de la sociedad.
Pero lo más notable del debate instaurado a partir del caso Blumberg es el doble rasero que aplican los medios de comunicación. Si los secuestrados o asesinados pertenecen a los sectores más desprotegidos, se les dedica un escaso espacio, son víctimas de segunda clase. Si un individuo correctamente vestido rompe a patadas los vidrios de la boletería de una estación de subterráneo, furioso por la imprevista paralización del servicio a raíz de un conflicto sindical, se trata de "un indignado ciudadano harto del maltrato". En cambio, si un piquetero provoca destrozos en la estación de Avellaneda, donde la Bonaerense fusiló a sus compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán se lo califica de "antisocial", "agresivo" y hasta de "terrorista".
Alicia González, hermana de un pibe de 15 años desaparecido en circunstancias sospechosas en un basural de José León Suárez después de haber sido interceptado por fuerzas policiales y de la seguridad de la empresa Cinturón Ecológico Metropolitano, por violar las disposiciones que prohíben hacerse de unos pesos recolectando metales, ejemplifica este comportamiento hipócrita. Cuando un cronista del matutino Página 12 le preguntó por qué su caso no tuvo repercusión masiva, a pesar de que desde hace semanas pasa hasta once horas diarias junto a la máquina excavadora esperando que aparezca el cadáver de Diego Duarte, afirmó con brutal concisión: "No salimos en la tele, somos pobres". Daniel Vilá

Fuente: Acciondigital.com.ar, 15 de mayo de 2004.