Ley de Punto Final (ley Nš 23492)

La Ley del Punto Final tiene como antecedente necesario el juicio a las juntas instruido por la Cámara Federal a partir de la denuncia en diciembre de 1983, apenas asumió, del entonces presidente Raúl Alfonsín.

El proceso concluyó en 1985 con la condena de todos los ex comandantes, confirmada después por la Corte Suprema de Justicia.

Los juicios a los máximos jerarcas de la dictadura militar (1976-83) abrieron la instancia judicial más allá de lo estimado por el gobierno constitucional, hacia los niveles más bajos de responsabilidad y ejecución de la represión ilegal en las Fuerzas Armadas y la policía.

La resistencia militar a juicios generalizados decidió al presidente Alfonsín a impulsar un "punto final" de la revisión, con una ley que estipulaba un plazo de 30 días para recibir acusaciones formales precisas, sancionada por el Congreso el 23 de diciembre de 1986.

La ley extinguía la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha de la asunción del gobierno democrático.

La norma establecía claramente que ante una orden de detención o de prisión preventiva para militares, policías u otros agentes de seguridad eran sus superiores los que debían hacerla cumplir.

El Gobierno dejaba claro en la ley que los casos de delito de sustitución de estado civil y de sustración y ocultación de menores quedaba fuera, lo mismo que las acciones civiles de todos los abarcados por la medida. (Télam)

Fuente: Telam