Golpe de estado de 1976
La política económica durante los regímenes militares era muy diferente a la que hubo en gobiernos anteriores. Era más bien una forma de reorganizar la sociedad (va más allá de lo económico).
Las FFAA desplazaron al justicialismo del poder, esto fue largamente esperado, por lo que no hubo resistencia alguna, no hubo protestas (el gobierno que estaba siendo derrocado no podía controlar la crisis existente). Estado económico recesivo hiperinflacionario con un gran déficit público y la imposibilidad de pagarlo. En la economía se reflejaba la intensidad de los conflictos sociales, sobre todo en la distribución del ingreso. La situación estaba fuera de control.
Dentro del peronismo había luchas políticas que impedían su correcto desenvolvimiento. Tenían el gobierno pero no el control.
La dictadura permitió que la Argentina pudiera seguir expandiéndose económicamente.
En 1972, los integrantes de la OPEP (excepto A. Saudita) acordaron reducir la explotación del petróleo en un 10% (menos oferta = demanda è aumento del precio), por lo que adquirieron gran cantidad de reservas en divisas provenientes de la comercialización de un producto que monopolizaban. Estas reservas en dólares fueron depositadas en bancos europeos, por lo que estos contaron con la disponibilidad de otorgar créditos a más bajos intereses de los que venían otorgando hasta ese momento.
Durante la segunda etapa de la ISI*, se hizo necesaria la atracción de capitales externos con el fin de invertir en la diversificación de la industria. Lo lograron mediante el otorgamiento de ventajas de localización (aumentó el n° de empresas transnacionales). Para atraer capitales, subieron considerablemente los intereses en comparación a los que se estaban pagando en el mercado internacional. Paralelamente, se abrió la economía a la competencia exterior, es decir, se permitió el ingreso no regulado de productos extranjeros (no hay proteccionismo económico), esperando que las empresas nacionales o transnacionales se hicieran más competitivas. Los resultados obviamente no fueron los esperados:
En 1983, cuando se reinstauró la democracia, el dinero de los argentinos depositado en el exterior proveniente en su mayoría de la especulación financiera, se calculaba en $50.000.000.000, suma considerablemente mayor que la deuda externa nacional.
La caída del salario y el aumento de la productividad de la mano de obra permitió que el sector empresarial se apropiase de mayores márgenes de ganancia. Es decir, el ingreso se redistribuye en perjuicio de los sectores asalariados y beneficio de los sectores empresariales que aumentan sus márgenes de ganancia en un 56,1%. Esto se denomina distribución regresiva del ingreso.
Lo que hizo el golpe de estado fue destruir los antiguos actores sociales que habían influido durante la etapa de la ISI. Especialmente destruyeron sindicatos y partidos políticos. La destrucción de estos actores fue necesaria para la implementación de la reforma estructural. La dictadura militar siempre esta en alianza con los grandes grupos económicos y empresas transnacionales (tenía respaldo económico). Se intervinieron los sindicatos, anulando el derecho de huelga y todo tipo de actividad política. En el nivel institucional, fueron reemplazados los miembros de la corte suprema de justicia y el congreso fue cerrado.
La dictadura de 1976, extendió el concepto de subversión a toda manifestación ideológica contraria a cualquier oposición al modelo que se quería implementar y a su forma de aplicación. Esto abrió el camino de la represión indiscriminada e ilegal y de la violación de los derechos humanos (querían detener la sublevación a toda costa).
El Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz finalmente descalificó la práctica de los subsidios sosteniendo que se había hecho creer a la gente que había cosas gratis que el estado podía regalar, como los subsidios. "Esto no es cierto, porque el subsidio alguien lo paga, otro contribuyente o algún otro sector, de algún lado sale."
Le bajaron los aranceles, los impuestos y las tarifas a las industrias (sacrificando la tesorería) compensando esto por otro lado para equilibrar la situación fiscal (extensión del IVA a los granos, carnes y alimentos esenciales). Todo era en aras de la mejora del costo de las industrias usuarias, pero perjudicó al pueblo. Por ejemplo, bajaron los aranceles de la importación y aumentaba la competitividad extranjera que destruía el mercado interno; rigieron aumentos en los combustibles, la electricidad, los teléfonos y el gas, el costo del agua y la tarifa ferroviaria de larga distancia (respaldados por la resolución 1443/79 del ministerio de economía). También se aumentó el precio del gas natural con una diferenciación según se tratara de consumos domésticos o industriales. Aumentaba el precio del boleto del tren para pasajeros generales pero no se incrementaba en los servicios de carga.
Martínez de Hoz aseguró que los efectos de las medidas económicas tomadas en el momento, serían percibidas cuando estuviera el nuevo gobierno, es decir, el de Alfonsín.
Con relación a la situación de las dificultades en las empresas, argumentó que son consecuencia de un mal manejo financiero y que no habrá un salvataje generalizado por parte del estado.
Con referencia a la situación de quebranto que afrontan los sectores empresarios en el país, expresó que su origen fue el alto grado de endeudamiento que existió en 1976, debido a los créditos baratos subsidiados.
El 90% de las empresas en dificultades sufrían las consecuencias de un mal manejo financiero y no de la apertura de la economía y de la competencia importadora, enfatizó que no querían destruir industrias, sino dar tiempo a quienes tenían condiciones, deseo e intención de hacer las cosas bien.
Se inicia la fase final de la economía del régimen militar, denominada ajuste caótico (1981-1983). Durante esta fase confluye la notoria gravedad de la crisis económica con la creciente debilidad política del gobierno militar, extraordinariamente agravada luego de la derrota en la guerra del Atlántico Sur, conduciendo a una situación de creciente descontrol de la economía... las políticas económicas estarían dominadas por las acciones orientadas a reducir el sobreendeudamiento de importantes sectores de empresas privadas que había resultado de la fase anterior. Esto se hizo mediante diversos mecanismos que llevaron a la estatización de buena parte de la deuda privada externa, y a la socialización de la deuda privada doméstica que fue "licuada" en una operación diseñada en 1982. Por el entonces titular del banco central Domingo Cavallo.
El estado, al hacerse cargo de la deuda de las empresas privadas, elevó la deuda externa de $26.341 a $40.703 en 1982.
Más adelante comienzan a manufacturar plomo y estaño e interviene en los recursos mineros. A fines de la década del 60, se diversifica hacia la actividad financiera mediante la compra del banco Río de la Plata y posterior adquisición del Banco del Este de la República Oriental del Uruguay.
Se instaló en 1946 en la argentina, se expande en la producción siderometalúrgica y en menor medida en la construcción. A partir del 76, se dedica también al petróleo, la minería, industrias de comunicaciones, metalúrgicas, financieras y construcción.
Recuerde: los capitales que se consolidan durante la última dictadura militar (1976-1983) ya existían con anterioridad. El origen de las grandes empresas puede rastrearse en algunos casos durante el modelo agroexportador en la primera etapa de la ISI. Las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas provienen de la primera y segunda etapa de la ISI.
A partir del año 1989, el gobierno tomó una serie de medidas que implicaron la profundización de las reformas de carácter estructural iniciadas por la dictadura militar entre 1976 y 1983. Las mismas se concretaron a través de dos leyes fundamentales: la 23.694 de reforma del estado y la 23.928 de convertibilidad. En general puede decirse que la orientación económica adoptada por las políticas públicas gira en torno a tres ejes fundamentales:
Todas estas medidas tuvieron efectos que se pueden observar en la actualidad:
Por otra parte, el estado había dejado de invertir en obras de mejoramiento de servicios e infraestructura en la década del 80, por lo tanto también se esperaba que esta situación se revirtiese con las privatizaciones y las empresas adjudicatarias realizasen inversiones en infraestructura y tecnología, pero los resultados estuvieron muy lejos de los esperados.
El estado transfirió a las empresas privadas la capacidad de fijar las tarifas de los servicios que prestan. Esto produjo efectos diferentes, las PyMES que no se beneficiaron con las privatizaciones vieron considerablemente aumentados sus gastos por provisión de energía eléctrica, consumo de gas, transporte, comunicaciones, etc. mientras que las grandes empresas pudieron obtener precios diferenciales de las prestadoras de servicios, ya que pertenecen al mismo conglomerado.
Otro de los efectos de la política de privatizaciones es la formación de los denominados mercados protegidos, que implican la existencia de áreas privilegiadas, donde el riesgo empresario resulta prácticamente nulo. Al monopolizar absolutamente todos los servicios, la gente no podía cambiar de proveedor si estaba disconforme con el que tenía, no podía elegir la telefónica más barata. El salario de la gente no aumentaba proporcionalmente a la suba de los precios. A esto se denominó mercado protegido, ya que la legislación vigente entonces, protegía a las empresas de la competencia, les asegura un mercado cautivo y les permite la fijación del precio del servicio que ofrecen. A la vez, esta situación hace innecesaria la inversión en tecnología y cualquier innovación, ya que la posición de éstas empresas en el mercado no depende de esas variables sino de la protección que les otorga la legislación.
Entre 1983 y 1989, se realizaron los primeros intentos por privatizar empresas públicas, pero el PJ en el congreso se opuso, junto con sindicatos y empresas que se beneficiaban con ventas sobrevaluadas al estado (había muchos intereses en juego). A poco de asumir el gobierno el justicialismo (1989), fue aprobada en el congreso la ley 23.696 por la que se establecía la venta acelerada de las empresas públicas que durante la gestión radical había sido rechazada.
Si nos referimos puntualmente a la renuncia por parte del estado a intervenir en la fijación de precios, podemos observar que algunos investigadores no hablan de desregulación, sino de lo que denominan re-regulación o transferencia de la capacidad de regulación.
En el contexto argentino actual no existe libre competencia de empresas en el mercado que determine los precios de los productos sino que, mas bien, el fenómeno puede describirse como la transferencia de la capacidad de fijar precios a grandes empresas y conglomerados.
La disminución de los impuestos a la importación, implicó en forma general un perjuicio para las actividades industriales, especialmente para las PyMES, ya que al disminuir los niveles de protección, la producción industrial quedó expuesta a la competencia con el exterior. Si bien la competencia no resulta negativa en sí misma, las condiciones en que se da en la Argentina implican un impacto negativo sobre gran parte de la industria:
por un lado, Las privatizaciones implicaron un aumento de los costos empresarios para las PyMES, ya que los servicios transferidos a manos privadas fueron reajustados considerablemente. Por otra parte, el mecanismo aplicado para la desregulación de la economía significó una transferencia de la capacidad de regulación a favor de grandes empresas y conglomerados que se convirtieron de esta manera en los fijadores de precios. La apertura económica no se realizó para todo el conjunto de las actividades industriales. Entre éstas existen algunas que siguen gozando de protección ante la competencia extranjera, como por ejemplo la industria automotriz.
En conclusión, la aplicación del plan de convertibilidad y de la ley de reforma del estado implicó profundas modificaciones en la estructura económica del país, cuyas principales características en la actualidad serían las siguientes:
Trabajo enviado por:
Facundo P.
facruz@cvtci.com.arFuente: monografias.com