Fecha: 3/3/04

Fuente: LVO 134

Con la votación de la ley laboral, una vez más el "honorable"

Congreso de la Nación vuelve a conspirar contra los

trabajadores, afectando las condiciones de empleo y de

estabilidad laboral.

Lo que fue presentado como una legislación progresista no es

más que su contrario: una ley que otorga más poder a la

burocracia sindical y deja en pie todas las normas

flexibilizadoras con las que otro gobierno peronista, el de

Menem, arrasó con conquistas y derechos de los trabajadores.

La votación fue un alivio para patrones y empresarios. Como

declaró Monid Madcur, vicepresidente de la Cámara Argentina de

la Construcción "La ley será bastante similar a la que

estaba"1 y Funes de Rioja, representante de la UIA, había

saludado el proyecto porque "tiene algunos componentes de

política activa".2 El poderoso agrupamiento empresarial AEA

integrado entre otros por Pagani de Arcor, Werthein de

Telecom, Aldo Roggio, Cartellone, Betnaza de Techint, también

dio el visto bueno a las iniciativas del gobierno.

Si entidades que nuclean a estos explotadores respaldan la

ley, los trabajadores pueden estar seguros que la nueva

reforma laboral no evitará que sus salarios se sigan achicando

y sus vidas se sigan perdiendo en las fábricas.

Status legal para la explotación

La mentira de la producción y el trabajo, de recuperar el

derecho al empleo con que K subió al gobierno y sembró

ilusiones entre los más humildes comienza lentamente a

despejarse. Porque el tono peronista setentista dirigido a la

opinión pública que despierta expectativas entre los

trabajadores, no se condice con una ley que mantiene los

"contratos basura", el sistema de contratación de "pasantías"

y "aprendizajes", amplía la reducción de los aportes

patronales, rebaja el piso de las indemnizaciones por despidos

y encima eleva a estatus de ley la limitación al derecho de

huelga en los sectores de "servicios esenciales".

El "crecimiento con equidad" del discurso de K no se traduce

en una mejora para quienes buscan evitar caer en la miseria

trabajando cada vez más horas o para quienes se hunden en ella

subsistiendo con planes de empleos o trabajando en negro en

las peores condiciones. La nueva ley le da un rango jurídico a

esta realidad que sólo beneficia a los capitalistas.

Que la nueva Ley se haya votado casi sin resistencia obrera,

es responsabilidad de los dirigentes sindicales. Tanto la CGT

de Daer, como la de Moyano y la CTA son culpables de que haya

pasado este nuevo ataque a los trabajadores. Precisamente, su

accionar se centró en reivindicar la ley en general, cubriendo

de virtudes la iniciativa kirchnerista, tratándola como un

primer paso hacia la recuperación de las conquistas obreras.

Dejaron así a los trabajadores librados a su suerte.

La opinión de la base obrera, con expectativas en el gobierno

y tratando de cuidar su puesto de trabajo luego del mazazo de

la devaluación, estuvo ausente. Sólo se sintió la oposición de

los movimientos piqueteros combativos y los partidos de

izquierda.

Queda por delante preparar el camino para tirar abajo esta ley

antiobrera y todas las leyes flexibilizadoras. Esta pelea que

se inscribe en la lucha por recuperar el salario y el trabajo,

plantea la necesidad de ayudar a destacar una nueva direción

de los activistas que recupere las comisiones internas y las

organizaciones obreras, echando a la burocracia sindical. La

pelea por aumento salarial, por recuperar las conquistas

perdidas y el reparto de las horas de trabajo entre todas las

personas en capacidad de trabajar, con un salario equivalente

a la canasta famliar siguen siendo las demandas que pueden dar

unidad y motorizar la construccion de organizaciones

democráticas de la clase trabajadora. Todas las listas

antiburocráticas como la que se está gestando en el gremio de

la Alimentación o la lista celeste de Ferroviarios, las

seccionales opositoras del SUTEBA, el SOIP de Mar del Plata,

las reuniones de desocupados abiertas a los trabajadores

ocupados como la ANT, junto a sindicatos combativos como el

SOECN de Neuquén, la seccional ferroviaria de Haedo en manos

de la oposición, deben tomar en sus manos el reagrupamiento

del activismo para impulsar esta tarea.

El Bloque Piquetero, el MIJD y otras organizaciones de

desocupados que convocaron a la jornada de lucha contra la

reforma laboral del 19 y 25 de febrero, han limitado hasta

ahora su radio de acción al movimiento piquetero. Es hora de

rever esa actitud. Volcar el peso que en gremios como

docentes, ferroviarios, del pescado, y otros tiene la

izquierda, para incorporar a todos los delegados, comisiones

internas y sindicatos combativos a una una organización y

lucha común de ocupados y desocupados.

1 La Nación 25/02/04

2 Página/12, 22/02/04

Lejos de la "justicia social", la "independencia económica" y

la "soberanía política" declamadas durante el primer gobierno

peronista y de la relativa independencia con respecto al

imperialismo norteamericano, Kirchner retoma los aspectos más

retrógrados de la política peronista, que tienen que ver con

su práctica disciplinadora sobre los trabajadores. Veamos tres

ejemplos de esta tradición en la historia del peronismo

En su segunda presidencia, Perón junto a los empresarios y la

CGT intentó imponer en el Congreso de la productividad la

flexibilización de los salarios y de los ritmos de producción

con el fin de barrer las comisiones internas y las importantes

conquistas obreras de los convenios colectivos. Pero el

prestigio del General, el peso del Estado y del aparato

sindical no alcanzaron para domesticar la resistencia de la

base obrera y la resistencia en el seno de los talleres y las

plantas fabriles.

Cuando Perón vuelve a asumir la Presidencia, la concertación

ya había sido negociada. El 8 de junio la cúpula sindical, la

central empresaria (CGE) y el Estado, firmaron el "Pacto

Social". Allí la dirigencia sindical aceptaba que tras el

incremento general del 20%, los aumentos serían postergados

por dos años, mientras los empresarios se comprometían a

mantener los precios de los productos al nivel en que habían

sido congelados.

Como consecuencia se establece una legislación que prohibirá

toda lucha por aumento salarial. Mientras la patronal subía

los precios y acaparaba mercaderías provocando el

desabastecimiento, las luchsa obreras eran duramente

reprimidas por el estado encarcelando actiivistas e

interviniendo varios sindicatos. La ley de reforma al Código

Penal incluirá nuevas figuras represivas contra las luchas

obreras y populares y los militantes de izquierda.

Posteriormente la ley Seguridad del estado cercenará el

derecho de huelga estableciendo penas carcelarias contra los

trabajadores que realicen huelgas declaradas ilegales por el

Ministerio de Trabajo.

En junio de 1975 el Ministro de Economía Celestino Rodrigo,

hombre de confianza de López Rega, devaluó el peso en un 100%

y los precios subieron en forma imparable. La gasolina llegó a

un 174%, las tarifas eléctricas a un 40%, el gas doméstico a

un 50% y el transporte ferroviario a un 120%. La lucha se

desató en numerosos gremios y fábricas. La UOM y la AOT

obtuvieron aumentos de 130 y 125% respectivamente, que el

gobierno se negó a homologar. La paralización de las

paritarias y el rechazo a la homologación de los aumentos

impulsó la constitución de las Coordinadoras interfabriles en

el Gran Buenos Aires, e impuso una huelga general a la CGT de

48 horas, obligando a Isabel a homologar las paritarias y a la

renuncia de Rodrigo y López Rega.

El peronismo fue y es una fuerza que siempre buscó domesticar

a la clase obrera y al pueblo. Ya sea estatizando las

organizaciones obreras como en el ‘45 o con represión como

durante el gobierno de Isabel Perón, con las Tres A.

El kirchnerismo no es algo distinto como pretende hacer creer

el progresismo ya que pretende seguir subordinando a los

trabajadores –en este caso- para permitir la reconstrucción de

lo que llaman un capitalismo "serio".

Mientras acaba de votarse una ley contra los trabajadores

ocupados, el gobierno lanza un nuevo ataque contra el

movimiento piquetero. A los 250000 planes que ya había dado de

baja, se suman 25000 arrancados por el Gobernador Solá. Es

necesario impedirlo, movilizándose por la defensa de los

planes y por trabajo genuino. Junto a esta importante tarea

hay que apoyar también a los conflictos obreros que están en

curso, como es el caso de los trabajadores de Paty en la zona

norte del Gran Buenos Aires, de los compañeros de Transporte

del Oeste en Morón, de los ferroviarios que enfrentan la

persecución de sus dirigentes (como el Pollo Sobrero), de los

trabajadores de Firestone que persisten en su reclamo de

reincorporación, de los trabajadores estatales y docentes de

Santa Fe que pelean por aumento de salario, de los compañeros

del Hospital Durand que salieron a la lucha por recomposición

salarial.

Al cierre de esta edición, los ferroviarios de Metropolitano,

en un plan de lucha junto a organizaciones de desocupados,

consiguieron la reincorporación de los despedidos. Es un

importante ejemplo que demuestra cuál es el camino para ganar.

Las comisiones regionales de apoyo a los conflictos pueden

jugar un papel fundamental agrupando a los sectores en lucha,

ocupados y desocupados, vecinos, estudiantes, organizaciones

zonales y partidos políticos, que tomen en sus manos todo tipo

de tareas para que los conflictos triunfen.

Esta forma de organización se comprobó efectiva, en el ejemplo

de la Coordinadora del Alto Valle (Neuquén) que reúne a

obreros ceramistas, desocupados del MTD, docentes de ATEN,

estatales, estudiantes y partidos de izquierda.

Fuente: La Verdad Obrera nº 134, 03/03/2004.