Gobierno y Piqueteros

Una mano sin saldar

"La representatividad de todos los sectores de la sociedad está determinada por la voluntad ciudadana. Para eso está el Congreso, están todas las instituciones democráticas y cuando uno no tiene representaciones en esas instituciones democráticas tendría que analizar por qué no lo votan cuando va a elecciones". Con estas palabras, el presidente Néstor Kirchner cuestionó públicamente a las organizaciones de desocupados, un día después de la masiva protesta demonizada por los grandes medios de comunicación.
Según La Nación, que motorizó una intensa campaña contra los piqueteros, "el Presidente redobló sus críticas luego de analizar una serie de sondeos encargados por el Gobierno en los que se señala el creciente rechazo que generan en la sociedad los cortes de ruta". Un rechazo que ha sido convenientemente promovido por los propios medios. El filósofo José Pablo Feinmann lo puntualiza en una entrevista que concediera al matutino de los Mitre: "Se me hace aburrido hablar con muchas personas, porque apenas empiezan ya se sabe que es lo que van a decir, el diario que leen, el canal que ven, la radio que escuchan. Creen que están diciendo algo, pero no lo hacen. Más bien están siendo dichos por algo".
Para ir por partes, en primer lugar no es cierto que en las condiciones actuales de esta manipulada democracia la representación esté determinada por la voluntad ciudadana: los acuerdos cupulares, los aparatos clientelísticos, las opciones forzadas, no son justamente garantía de transparencia y "representatividad". En segundo lugar el Congreso, como lo demuestran tantas sospechosas leyes aprobadas a mano alzada, no ha demostrado ser una institución que refleje los intereses y expectativas de la mayoría.
Contra esa idea de la democracia –que consiste en votar cada dos años y soportar estoicamente las roscas interpartidarias, en las que se acuerda impulsar normas que contradicen la voluntad popular expresada en las urnas– se gestó la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001. El "que se vayan todos", coreado multitudinariamente, significaba "nos defraudaron", "arreglaron entre ellos", "nos están robando". Fue una rebelión contra aquellos que, como sostiene otro filósofo, León Rozitchner, "ponen como límite de la democracia a la democracia misma: sólo si no la ejercemos la seguiremos teniendo".
En ese sentido, el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandatos, si bien no constituyen una solución de fondo, pueden servir para ampliar los márgenes vigentes, pero siempre que se los mencionó fue para amortiguar la presión social, para amenazar a algún factor de poder o formular una promesa. Nunca se intentó seriamente poner en marcha estos mecanismos.

Un poco de memoria
Por otra parte, el primer mandatario debería recordar, entre otras cosas, que su candidatura surgió de un explícito pacto con el duhaldismo, se vio favorecida por la defección del postulante más votado y obtuvo apenas el 22 por ciento de los sufragios emitidos, con lo cual su "representatividad" podría resultar discutible, según el cristal con que se mire.
"Las encuestas de opinión demuestran que Kirchner goza de un 80 por ciento de aprobación", alegarán muchos. Es cierto, pero con algunas salvedades: nadie propuso jamás incluirlas en la Constitución Nacional para mejorar la calidad de la democracia, están organizadas por empresas privadas que, más allá de su seriedad, carecen de cualquier tipo de control y varían según las oscilaciones del humor social.
Tal vez porque el Presidente no ignora la fragilidad de esos instrumentos, una de sus mayores preocupaciones políticas sigue siendo articular las fuerzas de sus aliados, cooptar a los vacilantes y neutralizar a los enemigos procurando que, cuando se cierra una puerta, siempre quede una ventana abierta.
En el terreno sindical logró avances significativos al conseguir que los "gordos" de la CGT –en uno de sus clásicos ataques de amnesia– olvidaran su pasado como amanuenses de Menem para volver al ideario "nacional y popular", que la rebeldía de Hugo Moyano se trocara en mansedumbre a la hora de acordar la nueva ley que reemplazará a la ley Banelco, y que la propia Central de Trabajadores Argentinos saliera a decir que aunque no acaba con toda la normativa flexibilizadora, mejora algunos derechos del trabajador, adscribiendo así al añejo adagio "más vale pájaro en mano que cien volando". Si hasta el indefinible José Luis Barrionuevo convocó a apoyar al Presidente "por encima de pequeñas rencillas", que en su momento se tradujeron en incendio de urnas, miniinsurrecciones provinciales, e intercambio de diatribas.
Desde una perspectiva estrictamente política, Kirchner aspira a rellenar la cáscara semivacía del Frente para la Victoria, el rótulo que adoptó para presentarse en las últimas elecciones. Conformado por un pequeño núcleo de amigos y por quienes suelen subirse a los vehículos en marcha, fue siempre un frágil vagón arrastrado por la locomotora duhaldista, razón por la cual la autonomía es condición necesaria para fijar nuevas condiciones en las relaciones con el PJ y afianzar la concepción "transversalista", que irrita a la ortodoxia peronista.
Para ello se requiere reforzar los lazos con el progresismo, desquiciado por la confusión y el personalismo, tarea que están llevando a cabo, entre otros, el Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y el periodista Miguel Bonasso. Pero también resulta imperioso no abandonar a su suerte a los caudillos locales del justicialismo, que traccionan millones de votos.
El radicalismo –o lo que queda de la UCR– sostiene que Kirchner aceita esas relaciones con dineros provenientes del presupuesto nacional, mientras se niega a asistir a intendentes y gobernadores que no sean de su signo. Podría respondérseles que ni Raúl Alfonsín ni Fernando de la Rúa renunciaron a satisfacer los pedidos de sus correligionarios en tanto hacían oídos sordos a sus adversarios políticos, pero reiterar tal metodología en nombre de los nuevos paradigmas parece un tanto desprolijo. Por distintas razones –deudas pendientes, compensaciones, desarrollo de obras públicas, emprendimientos sociales–, Santa Cruz recibió 47 millones de pesos, Córdoba suscribió un acuerdo para obras de infraestructura por 290, en Chubut se anunciaron inversiones por 240 millones y en Formosa se firmaron convenios para construcción de rutas por 411 millones. Además, los intendentes de los distritos bonaerenses considerados vitales para la estrategia gubernamental son asistidos preferencialmente.
Empero, en este camino no faltan dificultades. Eduardo Duhalde, aún con un bajo perfil, continúa moviendo los hilos y la decisión del gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, de adquirir independencia cubriéndose con el ancho manto del kirchnerismo, resta más de lo que suma. Es que Felipe –que fluctuó durante meses entre disciplinarse a Duhalde o alinearse con Kirchner– acumula preocupaciones que se derivan fundamentalmente del accionar de las fuerzas de seguridad. No pasa día sin que acaecido un robo, un secuestro o una violación, se compruebe que intervinieron, como partícipes o encubridores, miembros de instituciones cuya obligación es combatir el delito.

Ineptos y cómplices
El último escándalo que lo ha dejado mal parado está vinculado con el funcionamiento, a todas luces escandaloso, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Presos que salen a robar para sus carceleros, palizas de las que son víctimas quienes no se someten a estas prácticas, magistrados amenazados, no resultaron elementos suficientes para que Solá adoptase una enérgica posición. Recién cuando se comprobó fehacientemente que presos denunciantes fueron torturados por personal penitenciario, se dispuso el relevo del subsecretario del área, Eduardo Madar.
El camarista de San Isidro, Fernando Maroto, a quien jefes del penal de Dolores habían planeado asesinar utilizando para tal fin a los propios presos, fue contundente a la hora del diagnóstico: "Se tienen que ir todos, de Solá para abajo, porque esto es una vergüenza; da la sensación de que en lugar de ineptos son cómplices. Estoy analizando seriamente pedir un juicio político para que se establezcan claramente las responsabilidades por las atrocidades que ocurren dentro de las cárceles".
Otros aliados de Kirchner, el santiagueño Carlos Juárez y su esposa Mercedes Marina Aragonés, se dirigen al precipicio sin conservar siquiera la esperanza de un salvataje de emergencia. Es indudable que el Presidente ya había decidido soltarles la mano hace unos meses, aunque prefirió dejar que los acontecimientos se desencadenaran a aplicar el "remedio federal".
Tras el doble crimen de La Dársena, que reveló la impunidad de que gozan los hijos del poder, quedaron al descubierto las andanzas del represor Musa Azar y comenzaron a acumularse denuncias por violación de los derechos humanos y corrupción administrativa contra el matrimonio que durante medio siglo rigió la vida de los santiagueños. Y aquí lo remarcable: una parte sustancial de quienes comieron de la mano de los Juárez resolvió plegarse a la indignación expresada en las calles de la ciudad por miles de personas y hasta suscribió documentos de repudio a los atropellos y la barbarie. Por ejemplo, los capitostes de la CGT local, hasta pocos días atrás incondicionales de la pareja gobernante, recibieron con entusiasmo al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, suscribieron un texto en el que proclamaron "nunca más a los abusos, a la violencia y a la muerte" y exhortaron a "mirar el presente sin olvidar el pasado, exigiendo justicia y nada más que justicia". A su vez, siete diputados provinciales se apartaron del juarismo y formaron el bloque Frente para la Victoria, mientras el duhaldismo tomaba distancia de la moribunda pareja y hasta Musa Azar y el ex legislador local Carlos "Pololo" Anauate, detenido por complicidad con los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba, apuntaron el índice contra sus antiguos benefactores.
Poco parece importar que en Santiago –como en Catamarca, Salta, Jujuy o San Luis– siga rigiendo en la práctica el derecho de pernada, que violar "chinitas" se haya constituido en una costumbre y hasta forme parte del folclore, que la justicia sea virtual en territorios donde la ley la impone y la aplica el más fuerte, que los campesinos pobres sean desalojados por terratenientes aún cuando hayan ocupado sus tierras durante tres o cuatro generaciones. Políticamente hablando, las rupturas son siempre traumáticas. Existen salidas alternativas que no humillan al caído tomando en consideración que mañana puede volver a ser un amigo, y el Gobierno ya está estudiando una: la renuncia de Nina, un período de transición para acomodar los tantos y, como broche de oro, la convocatoria a nuevas elecciones. Eso sí, con ley de lemas, no sea cosa que se disperse la tropa.

Daniel Vilá