¿Se divorcia el Gobierno de Clarín?
por Natural (((i)))) • Sunday February 22, 2004 at 08:15 AM
El Gobierno impulsa los estudios compulsivos de ADN.
Una de las acusaciones contra el juez Roberto Marquevich, en la suspensión de sus funciones por su intervención en el "caso Herrera Noble" fue insistir en que el análisis de ADN de los herederos de Grupo Clarín, Marcela y Felipe, debía hacerse compulsivamente. Para los abogados de Ernestina Herrera de Noble esto era inadmisible porque nadie puede hacerse un estudio de esas características contra su voluntad. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional ha entendido que esto no es razonable para los organismos de derechos humanos, y podría establecer una ley que reglamente esos estudios en forma obligatoria.
El Gobierno apoya el tratamiento, en el temario para las próximas sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, de una iniciativa fue de la diputada Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) que tuvo la activa colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, para imponer la obligatoriedad del exámen de ADN en los casos de identificación de una persona.
La cuestión más importante sobre este proyecto no es el caso de Evelyn Vázquez, tan citado por el diario La Nación en la mañana de hoy domingo, sino el caso de Ernestina Herrera, viuda de Roberto Noble, y sus dos hijos adoptivos, Marcela y Felipe, herederos de Grupo Clarín.
En ese caso, con importantes conexiones políticas y empresariales, se discutió si correspondía o no el análisis compulsivo de ADN y su comparación con el banco de datos genéticos que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo.
La posición de los abogados de Grupo Clarín siempre fue reivindicar como un derecho a la privacidad el análisis genético, y la decisión personal de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble de someterse o no al estudio.
Grupo Clarín ha sido clave en las presidencias de Carlos Menem; del arribo de la Alianza al Gobierno, en 1999; del interinato de Eduardo Duhalde y del arribo de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación.
En cuanto al proyecto, autoriza a la Justicia a disponer la realización compulsiva de aquellos estudios que permitan la identificación fehaciente de una persona, siempre que se trate de un caso en el que se investigue si es hijo de un desaparecido.
Además, la obligatoriedad regiría cuando esa persona se haya negado sistemáticamente a practicarse esos análisis, pese a las diligencias disuasivas.
Este proyecto de ley se enmarca en el compromiso que asumió el presidente Néstor Kirchner con los Organismos de Derechos Humanos en su lucha por conocer el destino de miles de desaparecidos que arrojó el último gobierno militar.
Pero no fue hasta que la Corte Suprema falló sobre el controvertido caso de Evelyn Vázquez, hija de una pareja de desaparecidos nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) -que fue apropiada por un marino- que el Gobierno decidió impulsar la iniciativa en el Congreso.
En octubre último el máximo tribunal reconoció el derecho de Evelyn a no someterse contra su voluntad a un examen de sangre para proteger su derecho a la intimidad y evitar mayores perjuicios penales a la familia que la crió, con la cual ella guarda un fuerte lazo filial.
Conocida la resolución de la Corte, el Gobierno, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, se decidió a actuar. A mediados de diciembre último, la diputada Córdoba presentó el proyecto de ley que avanza en sentido contrario al fallo del alto tribunal.
Como todo proyecto, el primer paso será su debate en comisión antes de llegar al recinto. La comisión cabecera es la de Derechos Humanos, que presidirá Hugo Perié (PJ-Corrientes); casualmente, Perié es uno de los cofirmantes de la iniciativa, junto a Osvaldo Nemirosvci (PJ-Río Negro) y Patricia Walsh (Izquierda Unida-Capital).
La iniciativa es más bien escueta; consta de 4 artículos, que proponen 3 grandes líneas de acción::
Estudios compulsivos: en los casos en los que se investigue la identidad de una persona respecto de la cual existan suficientes elementos de convicción que permitan sospechar que es hijo de una persona desaparecida, "la autoridad competente deberá ordenar todas las medidas conducentes a establecerla".
"A tal efecto, para la realización de los estudios pertinentes de filiación e identidad por análisis de ADN se podrán utilizar muestras de sangre, bulbo piloso o semen, o cualquier otra que posibilite el resultado buscado". "Sólo en el caso de resultar infructuosas las diligencias practicadas para la obtención no compulsiva de elementos que contengan la información genética necesaria para la realización de los estudios pertinentes podrá ordenarse la extracción compulsiva de los mismos".
Disuasión: previamente, la autoridad "deberá instrumentar las instancias de mediación para facilitar la realización voluntaria de la diligencia". En todo el proceso, "el Estado deberá prestar asistencia y contención psicológica a las personas involucradas en ella".
Reserva: "En todos los casos, mientras dure el proceso, las actuaciones deberán ser de carácter reservado y sólo podrán participar quienes revistan el carácter de parte en el proceso. Se deberá guardar estricta reserva del nombre y apellido actuales, imagen y demás circunstancias identificatorias de la persona cuya filiación se procure establecer".
El proyecto promete desatar una apasionada discusión en el Congreso, no sólo en cuanto a la valoración ética del asunto, de por sí controvertida, sino también en cuanto a si es pertinente avanzar en una legislación sobre un tema sobre el cual la Corte Suprema ya sentó un precedente.
"El proyecto que presenté sólo adecua la legislación interna para que el Estado cumpla con su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos y asegurar la reparación a las víctimas de los capítulos más dolorosos de nuestra historia, cual es el de la práctica de desaparición forzada de niños en el último gobierno militar", enfatizó Córdoba en su proyecto.
El secretario de Derechos Humanos también fue enfático en la defensa de la iniciativa: "Hay un vacío legal sobre este asunto que es necesario subsanar. Con la diputada Córdoba, con quien hemos trabajado en conjunto, acordamos que entre el interés privado de preservar su derecho a la intimidad y el interés público de conocer la identidad de las personas que pudieran ser hijos de desaparecidos, debería prevalecer este último criterio", sostuvo Duhalde.
Desde La UCR, la diputada Margarita Stolbizer (Buenos Aires) respaldó la iniciativa, sobre todo en lo que respecta a la tarea de disuasión y de contención que debería ejercer el Estado antes de ordenar un estudio compulsivo.
Como era de esperarse, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo apoyó la propuesta, pero aclaró que, de ser aprobada, esta herramienta que autoriza los exámenes compulsivos debería ser utilizada como último recurso.
"Nosotras preferimos evitar la presión sobre los chicos que tienen dudas y que, al principio, se muestran reacios a hacerse los análisis. En esos casos, les damos todo el tiempo que necesitan para que reflexionen -señaló Rosa Rosenblit, vicepresidenta de Abuelas-.
En cambio, el diputado Jorge Reinaldo Vanossi (Compromiso para el Cambio-Capital) reinvindicó el derecho a la privacidad por el derecho colectivo a la verdad.
"El derecho a la privacidad y a la intimidad se encuentra entre los derechos personalísimos que asisten a todo ser humano. No puede sucumbir ante un difuso derecho colectivo a la verdad, por más respetable que sea la aspiración al esclarecimiento de hechos penosos -enfatizó el legislador-. La conciencia individual es la única que puede decidir la aceptación de una probanza cuya obtención por vías forzosas o compulsivas resultaría repugnante."
Vanossi destacó que si bien el proyecto en cuestión invoca varias convenciones internacionales con jerarquía superior a las leyes, "nunca tienen jerarquía superior a la Constitución nacional, que protege el derecho de privacidad e intimidad".
En la misma línea se expresó el senador Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta), que en su momento defendió el fallo de la Corte.
"La Constitución garantiza el derecho a la intimidad y a la integridad personal. No hay manera de obligar a alguien a ejecutar algo en contra de su decisión", afirmó.
"La resolución de la Corte Suprema se refiere exclusivamente al caso Evelyn Vázquez y no es transmisible a otros casos", dijo el diputado Juan Urtubey (PJ-Salta), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En similares términos coincidió, también, su par José María Díaz Bancalari (Buenos Aires), jefe del bloque oficialista, que ya comenzó a estudiar los antecedentes del caso.
Veremos con el tiempo si esto es otra humareda estilo K.
Fuente: Indymedia, 22 de febrero de 2004.