Breve historia política del narcotráfico en Santa Fe
LOS NEGOCIOS BLANCOS DE LA SANTAFESINA SA
Carlos del Frade.
Ocho de cada diez oficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía
Provincial fueron relevados por el nuevo jefe. Una decisión que implica un
reconocimiento a una sospecha: parte de La Santafesina SA está involucrada en un
negocio que por año puede mover más de cien millones de pesos en el territorio.
Pero más allá de la noticia, es necesario recordar los dichos por la propia
doctora Laura Inés Cosidoy en relación a su descubrimiento del dinero procedente
del narcotráfico y derivado al pago de campañas políticas del menemismo como
también una causa judicial que denuncia cómo oficiales de la fuerza inventaban
procedimientos para perjudicar a inocentes. Una purga que, a pesar del revuelo
mediático que provocó, no parece explicar quiénes son los grandes inversores que
se mueven en la provincia.
La purga
La Noche Buena de 2003 fue mala para el 80 por ciento de los oficiales y el 30
por ciento de los suboficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santa Fe:
fueron relevados por decisión del nuevo jefe, el comisario Gabriel Leegstra.
Para el diario "La Capital", "la medida -que afecta a medio centenar de
uniformados-, fue interpretada por los mismos efectivos como "una especie de
purga". Y fue complementada con la creación de la oficina de Control de Gestión,
que se encargará de evaluar el desempeño del personal "tanto en la faz
profesional como privada".
Leegstra dijo que tuvo en cuenta "la productividad del personal y su tiempo de
permanencia en la dependencia" a su cargo. "A nadie escapa que hay un reclamo
de la sociedad que no ha tenido suficiente respuesta de parte de la Dirección
-dijo- y por eso también adopté estas resoluciones". Tras su asunción, el 17
de diciembre pasado, el nuevo jefe había prometido "revisar uno por uno a los
que integran Drogas Peligrosas".
La oficina de Control de Gestión estará a cargo del subcomisario Fernando
Luis Scabuso, con una larga experiencia en Drogas Peligrosas, en la cual se
desempeñó como jefe de brigadas operativas y de inteligencia en la zona sur de
la provincia. También realizó cursos de especialización en lucha contra el
narcotráfico y se desempeña como profesor en la Escuela de Cadetes.
Leegstra señaló que los cambios "no son una exoneración" y dijo que el personal
que deja Drogas Peligrosas pasará a desempeñar funciones en otras dependencias.
Consideró que, en general, las medidas tomadas han sido bien recibidas, "salvo
la disconformidad de algunos de los afectados, que es algo comprensible".
En los primeros días de diciembre la jueza federal Laura Inés Cosidoy había
afirmado que "hay excesiva facilidad" para acceder a las drogas prohibidas y lo
atribuyó a la existencia de "una complicidad policial para que sea tan fácil".
Aunque también criticó que hubiera un solo juez federal a cargo de cuatro
secretarías que atienden todo tipo de delitos de jurisdicción nacional.
"Creo que hace muchísimo tiempo que al frente a la Dirección de Drogas de la
provincia no hay un persona a la que le interese lo que está pasando con la droga
y hace muchísimo tiempo que no tienen un muy buen director de drogas, tampoco en
la Brigada de Rosario", dijo la jueza, quien aclaró que por "droga" se refería
"al narcotráfico", marcando distancia con el consumo.
El nuevo jefe
-Voy a revisar uno por uno a los hombres que integran Drogas Peligrosas -aseguró
el 17 de diciembre de 2003 el comisario mayor Gabriel Leegstra al asumir la
conducción de la Dirección de Drogas Peligrosas.
"Sé de algunas irregularidades que podrían estar ocurriendo. Acabo de decir que
he tomado conocimiento de hechos a través de los diarios, además de lo que me ha
sido informado, pero todavía no me senté (en alusión a sus nuevas funciones),
entonces todavía no he podido hacer ese trabajo hombre por hombre, pero está
dentro de las previsiones de trabajo", dijo Leegstra.
En relación a la denuncia de Norma Castaño contra personal de la dirección, el
comisario mayor opinó que "las puertas de la Dirección están abiertas para la
señora Norma Castaño y para cualquier ciudadano de la provincia y del país que
tenga algún problema, ya sea con personal de la Dirección de Drogas o bien que
necesite algún tipo de asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la
drogadicción. Ese es también otro punto que quiero tratar y que queremos
potenciar, que es el hecho de que cuando se trabaja en procedimientos tales
como la tenencia (de estupefacientes), que es muy común en la calle, se pueda
brindar un apoyo de asesoramiento y de guía tal vez a los padres de los menores
y a los ciudadanos mayores si así lo requieren, pero que el procedimiento
policial de la Dirección no se agote solamente en la incautación de la droga
sino que vaya un poquito más allá tratando de brindarse un poco más porque
tenemos personal para ello".
La historia de la Dirección se remonta al origen mismo del menemismo: agosto
de 1989.
Plena ofensiva de los Estados Unidos contra los carteles colombianos.
Desde aquel momento se hizo necesario encontrar una ruta alternativa para
la exportación de cocaína, marihuana y heroína a Europa y también a los
Estados Unidos.
Esa ruta pasaba por el principal productor de insumos químicos necesarios
para transformar la pasta base en cocaína. Y el principal país en América,
luego del imperio, es la Argentina. A partir de aquel momento se multiplicó
el tránsito, se democratizó el consumo y apareció la exportación. Y una de
las provincias elegidas fue Santa Fe.
La causa Arzamendia.
El 5 de diciembre de 1996, los jueces federales Laura Inés Cosidoy, Santiago
Harte y Otmar Paulucci, determinaron que un testigo e imputado por tenencia
de drogas, fue apremiado por la policía y que, además, la supuesta cocaína
incautada en su negocio fue "implantada" por los "agentes del orden".
La causa se titula "Arzamendia, Rodrigo y otros" y se basa en un procedimiento
policial de la División de Drogas Peligrosas, dependiente del estado
santafesino, por el que se secuestraron 914,50 gramos de picadura de cannabis
el 8 de octubre de 1984.
La droga estaba en el domicilio de Carlos Arzamendia y estaba "destinada a su
posterior comercialización, con la intervención organizada de Raúl Vigano, Toy
Nguyen y José Luis Parrino". José Luis Parrino declaró que "fue detenido por
personal policial que lo encapucha previo a subirlo en un automóvil Renault
11, le pegan y lo insultan en el automóvil, lo llevan a un lugar donde había
una escalera, lo golpean contra una pared y luego lo trasladan".
Cuando le sacan "la capucha" se halló frente a su negocio de calle
Deán Funes 40. Allí le leen un papel que desconoce su contenido, lo introducen
en el negocio, "le hacen abrir la caja fuerte" donde había 4 mil dólares y
tickets canastas.
Lo golpean otra vez, en este caso en el patio, y le preguntan por la cocaína
y "luego lo llevan donde estaban los testigos".
Luego "lo dejan solo sin esposas, cerca de una puerta y dado el susto que
tenía salió corriendo por un techo. Una vecina lo vio que tenía sangre en el
rostro y posteriormente se entregó voluntariamente ante el juez federal,
doctor Digerónimo".
Aclaró que su situación económica es holgada y que "la policía destrozó todo
su supermercado". Reconoció que consumió estupefacientes entre 1985 y 1987 y
que dejó de hacerlo.
"No tenía estupefacientes en su negocio y ese supuesto material lo secuestran
después de su huida", se sostiene en la causa judicial.
Parrino, cuando le tocó ampliar su declaratoria, señaló a Carlos Romero y
Marcelo Marcos como los policías que lo golpearon. Luego agregó al cabo Ariel
Lotito como uno de los golpeadores.
Uno de los testigos civiles del apremio fue Diego Alarcón.
Sostuvo que "al imputado lo observa con una capucha puesta cuando llega al
local, luego se la sacan y le preguntan por el bagallo, que si no, le rompían
todo, observó que a Parrino lo golpearon, hubo puntapiés y cachetadas. Le
mostraron una bolsa que secuestraron supuestamente de una lata de dulce pero
la bolsa no tenía rastros de dicho elemento. Le hicieron firmar el acta a la
fuerza".
Otro de los testigos civiles, Miguel Angel Díaz, indicó que "el procesado (por
Parrino) reaccionaba cada vez que se rompía algo. La policía le preguntaba dónde
estaba la merca, hubo empujones, golpes de puños, porque el imputado no respondía".
En "un momento dado el detenido huyó y el secuestro se efectuó posteriormente".
Lo que dijeron los oficiales Romero y Marcos.
Carlos Gabriel Romero fue "personal de búsqueda" en el negocio de Parrino.
Además "encontró el material secuestrado en el interior de una lata de dulce
que se hallaba dentro de una conservadora". Negó haber golpeado a Parrino y
haber impedido que dos de los testigos observaran "todo el procedimiento".
En tanto, el oficial Marcelo Marcos negó que hayan encapuchado a Parrino, como
tampoco aceptó que hayan existido forcejeos, "ni golpes ni maltrato físico".
Raúl Vigano, otro de los imputados en los hechos del 8 de octubre, recordó
"haber tenido un compañero de colegio de apellido Parrino, pero no recuerda
nada más". Indicó, a su vez, que "la granada y el trotil fue colocada por la
policía...".
También sostuvo que le sustrajeron 1.500 dólares que "se lo repartieron entre
el subcomisario Baigoría, el oficial Vergara y otra persona que no identifica".
En su momento, la señora Laura Carbonell sostuvo ante la justicia federal
rosarina que "uno de los policías -que formaba parte del procedimiento
antidrogas- era Romero, le apretó la mano y le dijo dónde estaba la droga,
señalando la declarante una bolsita que tenía arriba de la heladera que era
para su consumo y se la había dado Raúl Vigano".
De dichos procedimientos también participaron otros connotados oficiales y
suboficiales de la División Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe,
como el subcomisario Monzón, el oficial Capdevila, el también oficial Scabusso
y los suboficiales Lotito y Arnaux.
Para el doctor Fernando Mellado, abogado defensor de José Luis Parrino,
"la droga fue implantada" y "además se ha acreditado que fue apremiado, dando
lugar a un sumario en sede provincial" por lo que solicitó la "nulidad de
todo lo actuado".
Sin embargo se rechazó su pedido de nulidad "atento que la denuncia de apremios
efectuada por el imputado, no hacen a la nulidad del procedimiento si no a
otros aspectos procesales que el Tribunal evaluó cuando dictó la parte
resolutiva de la sentencia".
Uno de los más conocidos abogados defensores de supuestos narcotraficantes es
el doctor Albino Stefanolo.
En su participación en la causa Arzamendia, el profesional criticó la
denominada "inteligencia estratégica" de la Dirección de Drogas Peligrosas de
la provincia de Santa Fe.
Para él, "el operador de inteligencia comienza su tarea con una rara certeza,
la de la incertidumbre del dato. Sobre la base de esa incertidumbre tiene que
llegar al diseño descriptivo de una situación".
El operador entrega un "cuadro de situación del escenario. Este informe rara vez
es nítido. Sus contornos son frecuentemente borrosos y su contenido casi
ineludiblemente presenta agujeros negros; vacíos que deben ser llenados
con suposiciones".
Por ello, aseguró Stefanolo, "es que el reino de la inteligencia estratégica
está dominado por la incertidumbre y el desconocimiento. En el domingo
estratégico esta situación recibe el nombre de niebla de conflicto".
Según su entender, los datos que suministró la policía al juez de instrucción
"son meros partes informativos que ilustran al juez sobre la información que
recoge de sus informantes de la calle como el propio personal policial lo
relató en el debate". Por lo que no se puede considerar "inteligencia, que
supone todo un análisis de la información recibida, una verificación de la
misma y una conclusión que, no siempre, es acertada".
Estos fundamentos fueron rechazados por la justicia federal.
La decisión judicial.
Los apremios sufridos por Parrino "son reconocidos por los testigos, y sólo
uno de los tres testigos civiles que estaban, observó cuando la policía
secuestra dicha sustancia del interior de un tarro de dulce abierto (Díaz),
los otros dos observan cuando la policía los llama".
El domicilio allanado es "un supermercado donde trabajan otras personas además
del imputado; la firme negativa del mismo sobre la tenencia de dicho material
y las circunstancias de modo y lugar donde se encontraba me imponen dudas
sobre la autoría de dicha tenencia que no me permite llegar al grado de
certeza que toda sentencia de condena exige, correspondiendo por ende su
absolución".
Esa fue la sentencia en torno a Parrino.
La causa Arzamendia demostró la utilización de los viejos métodos policiales
de los tiempos de la dictadura.
Pruebas falsas, interrogatorios forzados, capuchas, botín de guerra y
construcción de operativos ficticios.
Además, los oficiales y suboficiales nombrados continuaron sus carreras dentro
de la Dirección de Drogas Peligrosas, a pesar de las denuncias que pesan sobre
ellos.
La Dirección volvía a ser, en todo caso, un lugar de reciclaje de formas
operativas más cercana a la delincuencia que a la seguridad.
La certeza de la doctora Cosidoy
"No hay decisión política para combatir el narcotráfico en la provincia", dijo
la doctora Laura Inés Cosidoy en el año 2000 y su afirmación formó parte del
libro "Ciudad blanca, crónica negra", del autor de estas líneas. Repitió su
certeza en diciembre de 2003.
En aquella oportunidad se le preguntó quiénes eran los grandes popes que
estaban por detrás del narcotráfico en la provincia y en la zona del gran
Rosario.
La doctora contestó: "Yo no se quiénes son en estos momentos los grandes
popes porque si no estaría detrás de alguien para que los detuvieran, pero
se que los hay. Se que, y fundamentalmente es algo que me preocupa muchísimo,
no hay decisión política para combatir el narcotráfico en nuestra provincia.
Y por supuesto que eso repercute en la policía. Es realmente muy triste ver
lo que pasa aún en la brigada de drogas que fueron mi mano y mi brazo
derechos en un momento y que parece, en estos momentos, como le dije, que no
hubiera droga en la ciudad de Rosario.
Lo que si le puedo decir es que mi actividad de juez de instrucción se acabó
cuando en un determinado momento yo tenía las líneas apuntadas y
no porque si, sino por resultados de una investigación, había personal policial
involucrado, penitenciario, juego clandestino, el Jockey Club y campañas
políticas".
--¿Del oficialismo?.
--En ese momento si...del oficialismo. No le puedo dar...si, si puedo...fue
imputado pero no lo pude procesar pero a pesar de tener escuchas telefónicas
nadie me aportó ninguna prueba más y tenía gran intercambio de cheques con
Bonfiglio, Salazar, de la banda de Pepón Salerno, de un señor Lelli que había
recibido un reloj de regalo del presidente de la Nación, que se que había
aportado autos para la campaña política del oficialismo ese año y bueno, en
ese momento, en ese ámbito, yo dejé de ser juez de instrucción
rápidamente...Dentro del consejo de la magistratura estaba primero para
ascender. Se iba a crear la justicia oral. Y fue muy rápida la creación de
la justicia oral acá y se creó el tribunal oral número dos que todavía
no tiene gente nombrada, pero el uno si, que es el que yo integro. Mi
pliego para ascender a juez de instrucción, después de veinte años en
la justicia, llevaba quince como defensora oficial de la cámara, mi
pliego estuvo ocho meses en el senado para ascender a juez, y de juez
a juez de cámara para integrar el tribunal oral no estuvo 24 horas.
En 22 horas desde que entró, salió aprobado mi pliego.
--Había que sacarla rápido de donde estaba...
--Por lo visto...Incluso hubo amenazas...Hubo un gran revuelo a través del
personal policial involucrado en el tema aunque no se individualizaron.
Hasta se dieron el lujo de amenazarme por radio, a través del programa Los
Notables, de LT 3. Salieron al aire...fue una época de terror...A partir
de allí esa fue una banda donde hubo muchos civiles como Salerno, Zalasar,
Bonfiglio y un montón más. Estaba todo igual hecho para unos y para otros,
pero se ve que hice todo mal desde que indagué al personal policial. La
cámara anuló todo lo que había hecho, lo de los civiles estuvo bien, pero
después el doctor Carrillo tuvo que sobreseer porque la cámara había
anulado los procesamientos.
--¿Usted presume que allí estaba involucrado el poder político?.
--Yo como presunción le contesto que si. Aparte puedo observar que ya
no hubo más voluntad de investigar y lo que yo tenía adentro del servicio
penitenciario y que apuntaba al Jockey Club y al juego clandestino y al
tema apoyo a campañas nunca más se volvió a investigar, nunca más se volvió
a reflotar.
--¿Cómo es el negocio del narcotráfico en Rosario?.
-- El día que tuvimos con los chicos de drogas una cámara fotográfica
arriba de mi escritorio, realmente la miramos como si fuera el bien más
preciado porque no teníamos ni con qué sacarles fotos y empezamos investigando
un pequeño movimiento en la zona sur. Halfort vivía en el centro y se había
separado de la banda de Pepón Salerno porque lo había mexicaneado en algún
momento. Trabajaron juntos y esta banda estaba también sobre una calle
cercana a Rosario Central, en una estación de servicio, junto a Bonfiglio.
Están extendidos por todas partes y estos son vendedores de esto y los otros
son vendedores de los otros y se intercambian y era así y no veo que haya
cambiado mucho el panorama. Salvo que, como le dije, tienen más pequeños
vendedores y sobre todo en las villas de emergencias que son verdaderos
bunkers, pequeños kioskos, casas particulares que les venden en pequeñas
cantidades.
--¿Cuándo comenzaron a aparecer?.
--Más o menos antes del 92. Empezaron a organizarse como bandas, trayendo la
droga del norte o de Buenos Aires. La droga que se trae del norte no viene
directamente a Rosario, si no que primero va a Buenos Aires, la mayoría se
redistribuye a partir de Buenos Aires.
--¿Cuál es su principal preocupación?.
--Que no se investiga. La cantidad de gente, de trafiadictos, revendedores
que hay en la calle, la cantidad de chicos atrapados en esto. Cuando terminé
los casos como defensora de cámara de la época del proceso, empezaron a caer
los primeros casos de drogas. El tema me preocupaba mucho por los delitos
excarcelables porque no conocía ni a los padres de los chicos que caían en una
noche se los indagaba y los chicos justificaban de cualquier manera. Los padres
caían cuando los chicos quedaban detenidos. Les preocupaba más la detención del
chico que el consumo. Conocí como defensora a toda una generación que se perdió
en las cárceles. Porque cayeron presos a partir de robos. Pero después vinieron
la droga, el SIDA... realmente puedo hablar prácticamente de una generación
perdida.
Hoy el tema es muchísimo más intenso y no veo que se lo pueda combatir. En un
momento, siendo juez de cámara, hablé en el ministerio de justicia para crear
juzgados especiales como hay en Europa por el tema droga y se estudió y me
dijeron que no porque había mucho dinero.
Es algo que me obsesiona, me interesa de verdad, me siento muy inútil ahora,
porque se que no tiene ningún sentido frente a la realidad de drogas que hay el
tipo de juicio que hacemos.
Ya dejé de discutir con los jueces, los ministros de gobierno y de justicia, con
la policía. Veo que no hay voluntad de no hacer nada más.
--¿Cuál es el futuro?.
--Creo que como en Europa se va a decir que vamos a despenalizar para que otros
puedan salir a decir que la vamos a seguir combatiendo porque algunos usan al
discurso para combatir y otros lo usan para despenalizar. Llegaremos a usar el
tema en las campañas como en Europa o en Estados Unidos. La DEA dejó de apoyar
porque no les servía y decidieron pelear para adentro. Realmente no se cuál será
el panorama...Quizás pase como sucedió con Garzón que ahora se dedica a los
desaparecidos...Una cosa cíclica que se usa sin convicción de pelearla realmente,
salvo que nos salve una nueva generación.
No puedo ser optimista en el tema y me duele de verdad.
--¿Se maneja mucho dinero?.
--Si, se maneja mucho dinero. En grandes bandas llegué a la cabeza visible. En
la Halfort llegué a quiénes lo proveían desde Paraguay y Brasil, hasta logré la
extradición y uno de ellos está preso acá, el padre falleció. Y si usted se pone
a analizar aún en los casos Bonfiglio, Zalazar, el Pepón, algunos salieron de la
pobreza y otros apenas pasaron la clase media acomodada. Pero el movimiento
económico tenía que rendir mucho más. Y yo que llegué a las cabezas de estas
bandas no se puede decir que era gente que apenas pasaba la clase media normal.
Arriba de ellos tenía que haber...bastante más arriba.
Era el jefe visible de una banda. Se maneja mucho dinero, se lava mucho dinero.
Me gustaría investigar tantos shoppings acá en Rosario que no venden nunca nada
por qué aparecen, por qué están...se mueve mucho dinero, se lava mucho dinero,
no se si está todo acá en Rosario...por arriba tiene que haber. Y todo se puede
investigar, a todo
se puede llegar pero creo que no se quiere llegar. Y hablando de cabezas
visibles se puede llegar hasta más arriba. Por supuesto que por debajo se puede
llegar hasta las villas, donde se venderá droga para la comida diaria y no pasa
de ahí. Los más previsores tenían un departamento, dos autos pero por arriba
hay gente con mucho más dinero. Gente como Romero, policía sobreseído y el
grupito de él que está muy bien, se preocuparon por protegerlos y no lo hicieron
por dos pesos. Tampoco era para proteger a los de abajo o a los que cayeron
presos. Era trabajar para proteger a otro tipo de gente -terminó diciendo la
ahora integrante del tribunal oral de la justicia federal rosarina.
Sus frases forman parte de una historia real que raramente es tenida en cuenta
por los hacedores de política en la provincia.
Mientras tanto el negocio del narcotráfico sigue siendo un frasco al revés: tapa
hacia arriba y descubre hacia abajo.
Caen los perejiles, mientras que el dinero grande nunca es investigado.
Habrá que ver hasta dónde se quiere llegar con la supuesta depuración de la
Dirección de Drogas Peligrosas.
Fuente: Postalesdelsur.net
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