Breve historia política del narcotráfico en Santa Fe
LOS NEGOCIOS BLANCOS DE LA SANTAFESINA SA

Carlos del Frade.

Ocho de cada diez oficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Provincial fueron relevados por el nuevo jefe. Una decisión que implica un reconocimiento a una sospecha: parte de La Santafesina SA está involucrada en un negocio que por año puede mover más de cien millones de pesos en el territorio. Pero más allá de la noticia, es necesario recordar los dichos por la propia doctora Laura Inés Cosidoy en relación a su descubrimiento del dinero procedente del narcotráfico y derivado al pago de campañas políticas del menemismo como también una causa judicial que denuncia cómo oficiales de la fuerza inventaban procedimientos para perjudicar a inocentes. Una purga que, a pesar del revuelo mediático que provocó, no parece explicar quiénes son los grandes inversores que se mueven en la provincia.

La purga

La Noche Buena de 2003 fue mala para el 80 por ciento de los oficiales y el 30 por ciento de los suboficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santa Fe: fueron relevados por decisión del nuevo jefe, el comisario Gabriel Leegstra. Para el diario "La Capital", "la medida -que afecta a medio centenar de uniformados-, fue interpretada por los mismos efectivos como "una especie de purga". Y fue complementada con la creación de la oficina de Control de Gestión, que se encargará de evaluar el desempeño del personal "tanto en la faz profesional como privada".
Leegstra dijo que tuvo en cuenta "la productividad del personal y su tiempo de permanencia en la dependencia" a su cargo. "A nadie escapa que hay un reclamo de la sociedad que no ha tenido suficiente respuesta de parte de la Dirección -dijo- y por eso también adopté estas resoluciones". Tras su asunción, el 17 de diciembre pasado, el nuevo jefe había prometido "revisar uno por uno a los que integran Drogas Peligrosas".
La oficina de Control de Gestión estará a cargo del subcomisario Fernando Luis Scabuso, con una larga experiencia en Drogas Peligrosas, en la cual se desempeñó como jefe de brigadas operativas y de inteligencia en la zona sur de la provincia. También realizó cursos de especialización en lucha contra el narcotráfico y se desempeña como profesor en la Escuela de Cadetes. Leegstra señaló que los cambios "no son una exoneración" y dijo que el personal que deja Drogas Peligrosas pasará a desempeñar funciones en otras dependencias. Consideró que, en general, las medidas tomadas han sido bien recibidas, "salvo la disconformidad de algunos de los afectados, que es algo comprensible". En los primeros días de diciembre la jueza federal Laura Inés Cosidoy había afirmado que "hay excesiva facilidad" para acceder a las drogas prohibidas y lo atribuyó a la existencia de "una complicidad policial para que sea tan fácil". Aunque también criticó que hubiera un solo juez federal a cargo de cuatro secretarías que atienden todo tipo de delitos de jurisdicción nacional. "Creo que hace muchísimo tiempo que al frente a la Dirección de Drogas de la provincia no hay un persona a la que le interese lo que está pasando con la droga y hace muchísimo tiempo que no tienen un muy buen director de drogas, tampoco en la Brigada de Rosario", dijo la jueza, quien aclaró que por "droga" se refería "al narcotráfico", marcando distancia con el consumo.
El nuevo jefe

-Voy a revisar uno por uno a los hombres que integran Drogas Peligrosas -aseguró el 17 de diciembre de 2003 el comisario mayor Gabriel Leegstra al asumir la conducción de la Dirección de Drogas Peligrosas.
"Sé de algunas irregularidades que podrían estar ocurriendo. Acabo de decir que he tomado conocimiento de hechos a través de los diarios, además de lo que me ha sido informado, pero todavía no me senté (en alusión a sus nuevas funciones), entonces todavía no he podido hacer ese trabajo hombre por hombre, pero está dentro de las previsiones de trabajo", dijo Leegstra.
En relación a la denuncia de Norma Castaño contra personal de la dirección, el comisario mayor opinó que "las puertas de la Dirección están abiertas para la señora Norma Castaño y para cualquier ciudadano de la provincia y del país que tenga algún problema, ya sea con personal de la Dirección de Drogas o bien que necesite algún tipo de asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la drogadicción. Ese es también otro punto que quiero tratar y que queremos potenciar, que es el hecho de que cuando se trabaja en procedimientos tales como la tenencia (de estupefacientes), que es muy común en la calle, se pueda brindar un apoyo de asesoramiento y de guía tal vez a los padres de los menores y a los ciudadanos mayores si así lo requieren, pero que el procedimiento policial de la Dirección no se agote solamente en la incautación de la droga sino que vaya un poquito más allá tratando de brindarse un poco más porque tenemos personal para ello". La historia de la Dirección se remonta al origen mismo del menemismo: agosto de 1989.
Plena ofensiva de los Estados Unidos contra los carteles colombianos. Desde aquel momento se hizo necesario encontrar una ruta alternativa para la exportación de cocaína, marihuana y heroína a Europa y también a los Estados Unidos. Esa ruta pasaba por el principal productor de insumos químicos necesarios para transformar la pasta base en cocaína. Y el principal país en América, luego del imperio, es la Argentina. A partir de aquel momento se multiplicó el tránsito, se democratizó el consumo y apareció la exportación. Y una de las provincias elegidas fue Santa Fe.

La causa Arzamendia.

El 5 de diciembre de 1996, los jueces federales Laura Inés Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paulucci, determinaron que un testigo e imputado por tenencia de drogas, fue apremiado por la policía y que, además, la supuesta cocaína incautada en su negocio fue "implantada" por los "agentes del orden". La causa se titula "Arzamendia, Rodrigo y otros" y se basa en un procedimiento policial de la División de Drogas Peligrosas, dependiente del estado santafesino, por el que se secuestraron 914,50 gramos de picadura de cannabis el 8 de octubre de 1984.
La droga estaba en el domicilio de Carlos Arzamendia y estaba "destinada a su posterior comercialización, con la intervención organizada de Raúl Vigano, Toy Nguyen y José Luis Parrino". José Luis Parrino declaró que "fue detenido por personal policial que lo encapucha previo a subirlo en un automóvil Renault 11, le pegan y lo insultan en el automóvil, lo llevan a un lugar donde había una escalera, lo golpean contra una pared y luego lo trasladan". Cuando le sacan "la capucha" se halló frente a su negocio de calle Deán Funes 40. Allí le leen un papel que desconoce su contenido, lo introducen en el negocio, "le hacen abrir la caja fuerte" donde había 4 mil dólares y tickets canastas.
Lo golpean otra vez, en este caso en el patio, y le preguntan por la cocaína y "luego lo llevan donde estaban los testigos". Luego "lo dejan solo sin esposas, cerca de una puerta y dado el susto que tenía salió corriendo por un techo. Una vecina lo vio que tenía sangre en el rostro y posteriormente se entregó voluntariamente ante el juez federal, doctor Digerónimo". Aclaró que su situación económica es holgada y que "la policía destrozó todo su supermercado". Reconoció que consumió estupefacientes entre 1985 y 1987 y que dejó de hacerlo. "No tenía estupefacientes en su negocio y ese supuesto material lo secuestran después de su huida", se sostiene en la causa judicial. Parrino, cuando le tocó ampliar su declaratoria, señaló a Carlos Romero y Marcelo Marcos como los policías que lo golpearon. Luego agregó al cabo Ariel Lotito como uno de los golpeadores.
Uno de los testigos civiles del apremio fue Diego Alarcón. Sostuvo que "al imputado lo observa con una capucha puesta cuando llega al local, luego se la sacan y le preguntan por el bagallo, que si no, le rompían todo, observó que a Parrino lo golpearon, hubo puntapiés y cachetadas. Le mostraron una bolsa que secuestraron supuestamente de una lata de dulce pero la bolsa no tenía rastros de dicho elemento. Le hicieron firmar el acta a la fuerza".
Otro de los testigos civiles, Miguel Angel Díaz, indicó que "el procesado (por Parrino) reaccionaba cada vez que se rompía algo. La policía le preguntaba dónde estaba la merca, hubo empujones, golpes de puños, porque el imputado no respondía". En "un momento dado el detenido huyó y el secuestro se efectuó posteriormente".

Lo que dijeron los oficiales Romero y Marcos.

Carlos Gabriel Romero fue "personal de búsqueda" en el negocio de Parrino. Además "encontró el material secuestrado en el interior de una lata de dulce que se hallaba dentro de una conservadora". Negó haber golpeado a Parrino y haber impedido que dos de los testigos observaran "todo el procedimiento". En tanto, el oficial Marcelo Marcos negó que hayan encapuchado a Parrino, como tampoco aceptó que hayan existido forcejeos, "ni golpes ni maltrato físico". Raúl Vigano, otro de los imputados en los hechos del 8 de octubre, recordó "haber tenido un compañero de colegio de apellido Parrino, pero no recuerda nada más". Indicó, a su vez, que "la granada y el trotil fue colocada por la policía...".
También sostuvo que le sustrajeron 1.500 dólares que "se lo repartieron entre el subcomisario Baigoría, el oficial Vergara y otra persona que no identifica". En su momento, la señora Laura Carbonell sostuvo ante la justicia federal rosarina que "uno de los policías -que formaba parte del procedimiento antidrogas- era Romero, le apretó la mano y le dijo dónde estaba la droga, señalando la declarante una bolsita que tenía arriba de la heladera que era para su consumo y se la había dado Raúl Vigano".
De dichos procedimientos también participaron otros connotados oficiales y suboficiales de la División Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe, como el subcomisario Monzón, el oficial Capdevila, el también oficial Scabusso y los suboficiales Lotito y Arnaux.
Para el doctor Fernando Mellado, abogado defensor de José Luis Parrino, "la droga fue implantada" y "además se ha acreditado que fue apremiado, dando lugar a un sumario en sede provincial" por lo que solicitó la "nulidad de todo lo actuado".
Sin embargo se rechazó su pedido de nulidad "atento que la denuncia de apremios efectuada por el imputado, no hacen a la nulidad del procedimiento si no a otros aspectos procesales que el Tribunal evaluó cuando dictó la parte resolutiva de la sentencia".
Uno de los más conocidos abogados defensores de supuestos narcotraficantes es el doctor Albino Stefanolo. En su participación en la causa Arzamendia, el profesional criticó la denominada "inteligencia estratégica" de la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia de Santa Fe. Para él, "el operador de inteligencia comienza su tarea con una rara certeza, la de la incertidumbre del dato. Sobre la base de esa incertidumbre tiene que llegar al diseño descriptivo de una situación". El operador entrega un "cuadro de situación del escenario. Este informe rara vez es nítido. Sus contornos son frecuentemente borrosos y su contenido casi ineludiblemente presenta agujeros negros; vacíos que deben ser llenados con suposiciones".
Por ello, aseguró Stefanolo, "es que el reino de la inteligencia estratégica está dominado por la incertidumbre y el desconocimiento. En el domingo estratégico esta situación recibe el nombre de niebla de conflicto". Según su entender, los datos que suministró la policía al juez de instrucción "son meros partes informativos que ilustran al juez sobre la información que recoge de sus informantes de la calle como el propio personal policial lo relató en el debate". Por lo que no se puede considerar "inteligencia, que supone todo un análisis de la información recibida, una verificación de la misma y una conclusión que, no siempre, es acertada".
Estos fundamentos fueron rechazados por la justicia federal.

La decisión judicial.

Los apremios sufridos por Parrino "son reconocidos por los testigos, y sólo uno de los tres testigos civiles que estaban, observó cuando la policía secuestra dicha sustancia del interior de un tarro de dulce abierto (Díaz), los otros dos observan cuando la policía los llama". El domicilio allanado es "un supermercado donde trabajan otras personas además del imputado; la firme negativa del mismo sobre la tenencia de dicho material y las circunstancias de modo y lugar donde se encontraba me imponen dudas sobre la autoría de dicha tenencia que no me permite llegar al grado de certeza que toda sentencia de condena exige, correspondiendo por ende su absolución".
Esa fue la sentencia en torno a Parrino. La causa Arzamendia demostró la utilización de los viejos métodos policiales de los tiempos de la dictadura.
Pruebas falsas, interrogatorios forzados, capuchas, botín de guerra y construcción de operativos ficticios.
Además, los oficiales y suboficiales nombrados continuaron sus carreras dentro de la Dirección de Drogas Peligrosas, a pesar de las denuncias que pesan sobre ellos.
La Dirección volvía a ser, en todo caso, un lugar de reciclaje de formas operativas más cercana a la delincuencia que a la seguridad.

La certeza de la doctora Cosidoy

"No hay decisión política para combatir el narcotráfico en la provincia", dijo la doctora Laura Inés Cosidoy en el año 2000 y su afirmación formó parte del libro "Ciudad blanca, crónica negra", del autor de estas líneas. Repitió su certeza en diciembre de 2003.
En aquella oportunidad se le preguntó quiénes eran los grandes popes que estaban por detrás del narcotráfico en la provincia y en la zona del gran Rosario.
La doctora contestó: "Yo no se quiénes son en estos momentos los grandes popes porque si no estaría detrás de alguien para que los detuvieran, pero se que los hay. Se que, y fundamentalmente es algo que me preocupa muchísimo, no hay decisión política para combatir el narcotráfico en nuestra provincia. Y por supuesto que eso repercute en la policía. Es realmente muy triste ver lo que pasa aún en la brigada de drogas que fueron mi mano y mi brazo derechos en un momento y que parece, en estos momentos, como le dije, que no hubiera droga en la ciudad de Rosario. Lo que si le puedo decir es que mi actividad de juez de instrucción se acabó cuando en un determinado momento yo tenía las líneas apuntadas y no porque si, sino por resultados de una investigación, había personal policial involucrado, penitenciario, juego clandestino, el Jockey Club y campañas políticas".
--¿Del oficialismo?.
--En ese momento si...del oficialismo. No le puedo dar...si, si puedo...fue imputado pero no lo pude procesar pero a pesar de tener escuchas telefónicas nadie me aportó ninguna prueba más y tenía gran intercambio de cheques con Bonfiglio, Salazar, de la banda de Pepón Salerno, de un señor Lelli que había recibido un reloj de regalo del presidente de la Nación, que se que había aportado autos para la campaña política del oficialismo ese año y bueno, en ese momento, en ese ámbito, yo dejé de ser juez de instrucción rápidamente...Dentro del consejo de la magistratura estaba primero para ascender. Se iba a crear la justicia oral. Y fue muy rápida la creación de la justicia oral acá y se creó el tribunal oral número dos que todavía no tiene gente nombrada, pero el uno si, que es el que yo integro. Mi pliego para ascender a juez de instrucción, después de veinte años en la justicia, llevaba quince como defensora oficial de la cámara, mi pliego estuvo ocho meses en el senado para ascender a juez, y de juez a juez de cámara para integrar el tribunal oral no estuvo 24 horas. En 22 horas desde que entró, salió aprobado mi pliego.
--Había que sacarla rápido de donde estaba...
--Por lo visto...Incluso hubo amenazas...Hubo un gran revuelo a través del personal policial involucrado en el tema aunque no se individualizaron. Hasta se dieron el lujo de amenazarme por radio, a través del programa Los Notables, de LT 3. Salieron al aire...fue una época de terror...A partir de allí esa fue una banda donde hubo muchos civiles como Salerno, Zalasar, Bonfiglio y un montón más. Estaba todo igual hecho para unos y para otros, pero se ve que hice todo mal desde que indagué al personal policial. La cámara anuló todo lo que había hecho, lo de los civiles estuvo bien, pero después el doctor Carrillo tuvo que sobreseer porque la cámara había anulado los procesamientos.
--¿Usted presume que allí estaba involucrado el poder político?.
--Yo como presunción le contesto que si. Aparte puedo observar que ya no hubo más voluntad de investigar y lo que yo tenía adentro del servicio penitenciario y que apuntaba al Jockey Club y al juego clandestino y al tema apoyo a campañas nunca más se volvió a investigar, nunca más se volvió a reflotar.
--¿Cómo es el negocio del narcotráfico en Rosario?.
-- El día que tuvimos con los chicos de drogas una cámara fotográfica
arriba de mi escritorio, realmente la miramos como si fuera el bien más preciado porque no teníamos ni con qué sacarles fotos y empezamos investigando un pequeño movimiento en la zona sur. Halfort vivía en el centro y se había separado de la banda de Pepón Salerno porque lo había mexicaneado en algún momento. Trabajaron juntos y esta banda estaba también sobre una calle cercana a Rosario Central, en una estación de servicio, junto a Bonfiglio. Están extendidos por todas partes y estos son vendedores de esto y los otros son vendedores de los otros y se intercambian y era así y no veo que haya cambiado mucho el panorama. Salvo que, como le dije, tienen más pequeños vendedores y sobre todo en las villas de emergencias que son verdaderos bunkers, pequeños kioskos, casas particulares que les venden en pequeñas cantidades.
--¿Cuándo comenzaron a aparecer?.
--Más o menos antes del 92. Empezaron a organizarse como bandas, trayendo la droga del norte o de Buenos Aires. La droga que se trae del norte no viene directamente a Rosario, si no que primero va a Buenos Aires, la mayoría se redistribuye a partir de Buenos Aires.
--¿Cuál es su principal preocupación?.
--Que no se investiga. La cantidad de gente, de trafiadictos, revendedores que hay en la calle, la cantidad de chicos atrapados en esto. Cuando terminé los casos como defensora de cámara de la época del proceso, empezaron a caer los primeros casos de drogas. El tema me preocupaba mucho por los delitos excarcelables porque no conocía ni a los padres de los chicos que caían en una noche se los indagaba y los chicos justificaban de cualquier manera. Los padres caían cuando los chicos quedaban detenidos. Les preocupaba más la detención del chico que el consumo. Conocí como defensora a toda una generación que se perdió en las cárceles. Porque cayeron presos a partir de robos. Pero después vinieron la droga, el SIDA... realmente puedo hablar prácticamente de una generación perdida.
Hoy el tema es muchísimo más intenso y no veo que se lo pueda combatir. En un momento, siendo juez de cámara, hablé en el ministerio de justicia para crear juzgados especiales como hay en Europa por el tema droga y se estudió y me dijeron que no porque había mucho dinero. Es algo que me obsesiona, me interesa de verdad, me siento muy inútil ahora, porque se que no tiene ningún sentido frente a la realidad de drogas que hay el tipo de juicio que hacemos. Ya dejé de discutir con los jueces, los ministros de gobierno y de justicia, con la policía. Veo que no hay voluntad de no hacer nada más.
--¿Cuál es el futuro?.
--Creo que como en Europa se va a decir que vamos a despenalizar para que otros puedan salir a decir que la vamos a seguir combatiendo porque algunos usan al discurso para combatir y otros lo usan para despenalizar. Llegaremos a usar el tema en las campañas como en Europa o en Estados Unidos. La DEA dejó de apoyar porque no les servía y decidieron pelear para adentro. Realmente no se cuál será el panorama...Quizás pase como sucedió con Garzón que ahora se dedica a los desaparecidos...Una cosa cíclica que se usa sin convicción de pelearla realmente, salvo que nos salve una nueva generación. No puedo ser optimista en el tema y me duele de verdad.
--¿Se maneja mucho dinero?.
--Si, se maneja mucho dinero. En grandes bandas llegué a la cabeza visible. En la Halfort llegué a quiénes lo proveían desde Paraguay y Brasil, hasta logré la extradición y uno de ellos está preso acá, el padre falleció. Y si usted se pone a analizar aún en los casos Bonfiglio, Zalazar, el Pepón, algunos salieron de la pobreza y otros apenas pasaron la clase media acomodada. Pero el movimiento económico tenía que rendir mucho más. Y yo que llegué a las cabezas de estas bandas no se puede decir que era gente que apenas pasaba la clase media normal. Arriba de ellos tenía que haber...bastante más arriba. Era el jefe visible de una banda. Se maneja mucho dinero, se lava mucho dinero. Me gustaría investigar tantos shoppings acá en Rosario que no venden nunca nada por qué aparecen, por qué están...se mueve mucho dinero, se lava mucho dinero, no se si está todo acá en Rosario...por arriba tiene que haber. Y todo se puede investigar, a todo se puede llegar pero creo que no se quiere llegar. Y hablando de cabezas visibles se puede llegar hasta más arriba. Por supuesto que por debajo se puede llegar hasta las villas, donde se venderá droga para la comida diaria y no pasa de ahí. Los más previsores tenían un departamento, dos autos pero por arriba hay gente con mucho más dinero. Gente como Romero, policía sobreseído y el grupito de él que está muy bien, se preocuparon por protegerlos y no lo hicieron por dos pesos. Tampoco era para proteger a los de abajo o a los que cayeron presos. Era trabajar para proteger a otro tipo de gente -terminó diciendo la ahora integrante del tribunal oral de la justicia federal rosarina. Sus frases forman parte de una historia real que raramente es tenida en cuenta por los hacedores de política en la provincia. Mientras tanto el negocio del narcotráfico sigue siendo un frasco al revés: tapa hacia arriba y descubre hacia abajo. Caen los perejiles, mientras que el dinero grande nunca es investigado. Habrá que ver hasta dónde se quiere llegar con la supuesta depuración de la Dirección de Drogas Peligrosas.

Fuente: Postalesdelsur.net
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